El gobierno argentino calificó el miércoles de «caraduras» a los inversores que le exigen al país el pago de bonos por 1.500 millones de dólares, al rechazar una publicación en la que los acreedores criticaron la falta de voluntad de Argentina para negociar cómo saldará esa deuda.

«Ahora pretenden establecer una recomendación de política económica a la Argentina, son unos completos caraduras», dijo a periodistas el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, al cuestionar la solicitada que el grupo American Task Force Argentina, representante de bonistas que litigaron contra el país en Estados Unidos, publicó en varios diarios argentinos.

En la publicación American Task Force Argentina, que tiene como cara visible al titular del fondo litigante NML Capital Paul Singer, señaló que «el tiempo de agota» para el país y que éste «tiene hasta el fin de mes para lograr un acuerdo con sus acreedores como parte de un proceso de arreglo» del pago de lo que adeuda, con el fin de evitar un default con resultados muy negativos para su economía.

Además acusó a Argentina de no mostrar ninguna voluntad para acordar con los demandantes cómo saldará su deuda en las negociaciones abiertas en Nueva York.

Capitanich recordó que los bonos que generaron la demanda que culminó con el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa que obliga a pagar al contado los 1.500 millones de dólares – avalado por la Corte Suprema de Justicia estadounidense- fueron adquiridos por NML Capital en 2008 y que «ninguno de estos fondos buitre pusieron un centavo» en el país como inversión productiva.

Argentina sostiene que es imposible cumplir con la sentencia de la justicia de Estados Unidos que la obliga a pagar a los litigantes que no ingresaron a dos canjes de deuda en cese de pagos realizados en 2005 y 2010, los cuales representan 1% del total de los acreedores. Además ha solicitado al juez Griesa que suspenda el fallo para poder cancelar obligaciones con los tenedores de deuda reestructurada, que representan más de 92% del total de los acreedores.

Griesa anuló el pago que Argentina debía realizar el 30 de junio a los bonistas reestructurados al considerar que esa cancelación no era viable si el país no pagaba al mismo tiempo a los litigantes, lo que ha dejado al país al borde de un nuevo default en el que entraría el 30 de julio en caso de no cancelar sus obligaciones.