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«Es esencial que el juez otorgue esta medida para que la Argentina pueda continuar pagando a sus bonistas de la reestructuración normalmente, y de este modo llevar adelante un diálogo que nosotros necesitamos que sea en condiciones equitativas para el 100 por ciento de los acreedores», dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof.

Los abogados que representan al Estado argentino le solicitaron al juez neoyorquino Thomas Griesa suspender la orden de abonar mil 500 millones de dólares en efectivo y en un solo pago el 30 de junio a alrededor del 1 por ciento de bonistas, a los que considera «fondos buitre», ya que no ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Así, el gobierno argumenta que podrá cumplir el 30 de junio con el pago a un grupo de bonistas del 92.4 por ciento que sí ingresó en reestructuraciones de la deuda, a la vez que iniciará una negociación con el resto de los bonistas.

Tras el pedido de la Argentina, Griesa nombró al abogado Daniel Pollack para mediar en las negociaciones que se llevarán adelante con los bonistas que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Mientras, el diario «La Nación» señaló que los bancos de inversión «no perdieron el tiempo» y empezaron «a intentar acercarse al equipo económico (argentino) para poder participar del negocio», ya que la negociación para pagar a los «fondos buitre» podría «representarles comisiones por cerca de 5 millones de dólares, según estiman en el mercado».

Kicillof reiteró lo que había dicho la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, acerca de que la Argentina quiere pagar a sus acreedores «en condiciones equitativas, justas y legales».

Tras el anuncio del gobierno, los papeles líderes y los títulos públicos tuvieron una fuerte alza en la Argentina, cuyo Riesgo País se desplomó hasta la zona de 670 puntos básicos, lo que representa una baja del 6 por ciento.

Los analistas coincidieron que fue porque el gobierno resolvió negociar con bonistas que llevaron su reclamo a la Justicia.