Varios ministros del gobierno de Cristina Fernández respaldaron el hoy públicamente al vicepresidente Amado Boudou, procesado por un caso de corrupción.
El vicepresidente «no está condenado por la justicia sino por algunos medios de comunicación que lo condenan antes» de que haya un juicio, afirmó el ministro de Planificación Julio De Vido.
Boudou fue procesado por los delitos de cohecho pasivo -recibir sobornos- y negociaciones incompatibles con la función pública por una maniobra para adueñarse de la única empresa dedicada a la impresión de billetes de curso legal para luego favorecerse con jugosos contratos del Estado.
Mañana Boudou encabezará un acto público por la celebración del Día de la Independencia en la provincia norteña de Tucumán en reemplazo de Fernández, en reposo por una faringolaringitis.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, negó que el oficialismo haya dejado solo a Boudou tras el procesamiento y aseguró que su participación en las celebraciones del 9 de julio así lo demuestra.
Rossi añadió que «el procesamiento, desde el punto de vista jurídico, no significa culpabilidad» y criticó a la oposición que «busca tomar la bandera de la situación del vicepresidente para construir situaciones electorales».
Agregó que «la política debe ser muy prudente en estos casos. Después, con el tiempo, la justicia toma decisiones en sentido contrario a lo que prima facie parecía y la política se adelanta y toma decisiones de las que no se puede volver atrás».
Hasta ahora la presidenta no se ha pronunciado sobre la resolución judicial que afecta a su segundo en la línea sucesoria.
Boudou es el primer vicepresidente en ejercicio en ser procesado en la historia de Argentina. Si fuera declarado culpable en un juicio oral podría recibir una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
En un extenso fallo, el juez federal Ariel Lijo concluyó que Boudou junto con un socio y amigo «hizo uso de su condición de alto funcionario público para adquirir el 70% de la calcográfica Ciccone, que luego contrataría con el Estado Nacional -al que él representaba y actualmente aún representa- para la impresión de papel moneda de curso legal».
Boudou insiste en su inocencia y asegura que es víctima de una maniobra de grupos económicos concentrados que vieron afectados sus intereses por las políticas populistas del gobierno de Fernández.
El vicepresidente, que también enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito y otra por supuesta falsificación de documentos de un vehículo, tiene plazo hasta el viernes para apelar a su procesamiento.