Un juez adelantó para el 9 de junio la citación a indagatoria del vicepresidente argentino Amado Boudou para interrogarlo como sospechoso de adquirir de forma irregular una imprenta de billetes de curso legal con el fin de beneficiarse de jugosos contratos con el Estado.
El juez federal Ariel Lijo accedió hoy a la petición del vicepresidente de adelantar la indagatoria que el magistrado había fijado en primera instancia para el 15 de julio, indicó el Centro de Información Judicial.
Lijo sospecha que como ministro de Economía Boudou participó presuntamente en 2010, en el primer mandato de la presidenta Cristina Fernández, en una maniobra con dos socios para sacar de la quiebra a la empresa Ciccone Calcográfica, la única capaz de imprimir billetes, con el fin de acordar con Estado la impresión de papel moneda y otros negocios. El delito que se le imputa al vicepresidente es el de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
No hay antecedentes en Argentina de una citación a indagatoria a un vicepresidente en funciones, según abogados constitucionalistas.
Al conocer la decisión del juez, Boudou dijo a Radio Continental que quiere que la indagatoria sea transmitida en vivo por los canales de televisión. «Dado el tratamiento mediático que el juez imprimió a la causa le pido que la indagatoria sea pasada en vivo… para que todo el mundo pueda ver lo que le voy a decir a la cara», expresó el vicepresidente refiriéndose al Grupo Clarín, medio crítico del gobierno y al que acusa de operaciones en su contra.
Aunque Boudou había pedido adelantar su presentación ante la justicia, sus abogados emitieron la víspera un nuevo pedido de nulidad de la investigación encabezada por el juez.
Sobre la petición, que según juristas tendría como propósito dilatar el proceso judicial, el magistrado señaló en una resolución que debido a que dicha presentación no tiene la firma del vicepresidente «y pudiendo existir alguna contradicción con la voluntad de declarar manifestada por él, hágase saber al nombrado que, en oportunidad de celebrarse la audiencia, deberá ratificar o rectificar el escrito presentado por sus letrados».
Al intentar explicar esa aparente contradicción, Boudou señaló a la prensa que los que pidieron la nulidad son los abogados y que la defensa y él son «dos carriles separados».
El vicepresidente niega rotundamente las acusaciones en su contra y ha denunciado que obedece a una maniobra de los dos diarios de mayor circulación del país, La Nación y Clarín, ambos con una línea editorial crítica del gobierno.
En la indagatoria, Boudou puede estar acompañado de sus abogados y negarse a declarar.
El delito que se le imputa al funcionario está castigado con una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Como la pena mínima es de un año, el juez no puede ordenar su detención preventiva en caso de procesarlo.
El magistrado también puede sobreseer a Boudou por considerar que no delinquió o dictarle la falta de mérito al entender que no hay pruebas suficientes para inculparlo o sobreseerlo, lo que implica que seguirá bajo investigación.
La presidenta no se ha referido públicamente al asunto pese a que Boudou es el segundo en la línea de sucesión de mando.