El Senado argentino se disponía este jueves a convertir en ley el proyecto que adelanta cuatro meses, al 28 de junio, las elecciones legislativas, con el argumento esgrimido por el Gobierno de deslindar la campaña de las tensiones por la crisis global.
El bloque del gubernamental peronismo se mostró confiado en reunir con el apoyo de aliados una mayoría de 42 sufragios, cinco más de los necesarios para sancionar la inciativa, aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, pese al rechazo de casi todo el arco opositor.
«El Senado va a ratificar la fecha del 28 de junio para los comicios», aseguró Miguel Angel Pichetto, jefe del mayoritario bloque oficialista.
En las elecciones, previstas originalmente para finales de octubre, se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, en mitad del mandato de la presidenta Cristina Kirchner.
«El oficialismo tiene los votos para aprobar la ley», reconoció poco antes de iniciarse la sesión Ernesto Sanz, jefe del bloque opositor de la Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata).
La UCR concretó una alianza con la Coalición Cívica (CC, derecha liberal) y sectores del socialismo, mientras otro frente opositor nuclea al alcalde de Buenos Aires, el derechista Mauricio Macri, junto a peronistas disidentes de la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país.
Hace dos semanas, Kirchner anunció sorpresivamente la idea de anticipar el calendario electoral, para evitar una prolongada campaña en el marco de la crisis global y sus consecuencias negativas para la economía doméstica.
Pero la oposición rechazó la iniciativa por considerarla un acto desesperado de la mandataria antes de que el país sufra los efectos recesivos en el segundo semestre del año, como prevén consultores económicos, y acusó al Gobierno de vulnerar la institucionalidad.
Argentina creció a un ritmo de casi 9% anual entre 2003 y 2007, pero en los últimos meses la economía perdió bríos y cerró 2008 con un crecimiento de 7%.
En enero de 2009 se registró una caída de 36% de las exportaciones en la comparación interanual, y la producción automotriz cayó 55% en febrero frente a igual mes del año anterior.
La pelea en el Congreso tiene además como telón de fondo el duro conflicto entre organizaciones patronales agropecuarias y el Gobierno, que disputan la millonaria renta de la soja, principal cultivo del país, que es una potencia exportadora de alimentos.
Los productores cumplen una nueva huelga agraria de siete días, en reclamo de una reducción de tributos a la soja, en un clima de tensión que incluyó enfrentamientos entre agricultores que protestan bloqueando carreteras y transportistas que pretenden circular.
El reclamo agrario tiene el respaldo de la oposición liberal, derechista y socialdemócrata, que busca debatir en el Congreso una reducción a las gabelas a las ventas externas de soja, pero choca con la negativa del oficialismo a dar quórum para ese tema.
La puja entre las patronales agrarias y el Gobierno lleva más de un año, pero recrudeció luego de que la mandataria anunciara un plan para repartir unos 1.800 millones de dólares provenientes de los ingresos anuales por la soja con las provincias y municipios, amenazados por el déficit fiscal.
La iniciativa significó de hecho convalidar el nivel de impuestos a las exportaciones de soja (de 35%).