El gobierno argentino anunció ayer que elaborará un nuevo índice de precios al consumidor con la asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que buscará despejar las sospechas de manipulación sobre la medición oficial de la inflación.
La noticia sorprende puesto que la administración de Cristina Fernández se ha mostrado reacia a la injerencia del organismo multilateral en la política económica.
«Hemos solicitado al FMI una asistencia técnica para el diseño de un índice de precios a nivel nacional, en lo que será un salto de calidad en las estadísticas argentinas», dijo en rueda de prensa el ministro de Economía, Amado Boudou.
El actual índice que mide el costo de vida es elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de acuerdo a datos obtenidos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
La medición oficial está bajo sospecha desde que el INDEC fue intervenido en 2007 por el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner, en coincidencia con las elecciones generales que consagraron en el poder a su esposa Cristina Fernández.
Mientras el INDEC reportó que la inflación de octubre de este año fue de 0,8%, las consultoras privadas reportaron que el costo de vida subió 2,5% con relación al mes anterior.
La injerencia del gobierno en el organismo además de un propósito electoral buscó reducir el costo de la deuda pública dado que un alto porcentaje de títulos emitidos por el gobierno se ajustan de acuerdo al costo de vida, coinciden analistas privados.
«A partir de la primera quincena del mes de diciembre vamos a comenzar a recibir a distintos técnicos del FMI, con la experiencia de que todos los países están representados en este organismo y podemos retroalimentarnos de distintos tipos de aportes», explicó Norberto Itzcovich, director del INDEC.
El pedido de ayuda al FMI se contradice con la postura crítica que ha tenido el gobierno argentino para con el organismo, al que señaló como uno de los responsables no sólo de la crisis económica que sacudió al país a principios de este siglo sino también de la reciente debacle financiera mundial.
Desde 2006, cuando el país canceló su pasivo de 9.500 millones de dólares con el FMI, que el organismo no audita las cuentas fiscales de Argentina.