Argentina celebra hoy 30 años de democracia ininterrumpida en medio de los intentos de las autoridades para evitar nuevos saqueos de comercios y convencer a los policías acuartelados en reclamo de aumentos salariales que depongan su actitud.
Tres provincias -la sureña de Tierra del Fuego y las norteñas Tucumán y Santa Fe- son todavía escenario de protestas de grupos de policías que exigen un aumento de sueldo, señalaron medios de prensa. Ello hace temer que, ante la falta de vigilancia en las calles, se produzcan saqueos tal como ocurrió en otros puntos del país en la última semana en coincidencia con reclamos similares de agentes acuartelados.
Los desmanes han causado entre 7 y 10 muertos, según datos preliminares de médicos, funcionarios y medios de comunicación. La última víctima fue el subcomisario Cristian Vera que falleció el martes de un balazo en Resistencia, capital de la provincia norteña de Chaco, durante un violento saqueo, según dijo a la agencia Diarios y Noticias el director del Hospital Perrando de Resistencia, Cristian Obregón.
El jefe de gabinete Jorge Capitanich afirmó en rueda de prensa que «reclamos de esta naturaleza se merecen el repudio de todos». «Los argentinos celebramos 30 años ininterrumpidos de la democracia garantizando la pluralidad de voces y eso significa desterrar el odio y la violencia», señaló el funcionario.
El gobierno nacional conmemorará con un acto la restauración democrática de 1983 después de siete años de cruenta dictadura militar.
Por su parte, la Iglesia católica llamó a «deponer» de manera urgente «actitudes que comprometen la seguridad y la paz social» y pidió «asumir los problemas y encaminarlos a través de un diálogo sincero y constructivo».
Tanto Capitanich como el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, que lo acompañaba en la rueda de prensa, repudiaron que los policías paralicen sus actividades para exigir un aumento salarial ya que los ladrones «no van a la huelga» y no se puede dejar a la población «desprotegida».
Las autoridades afirman desde la víspera que bandas de delincuentes actuaron instigadas por uniformados acuartelados y que los saqueos no responden a una necesidad social.
«Se promocionaron saqueos en forma simultánea con grupos aparentemente organizados», dijo el jefe de gabinete.
Agregó que la situación se ha normalizado en algunas provincias en las que las autoridades accedieron incrementar los salarios a los uniformados.
En la provincia de Buenos Aires, la más populosa del país, el gobernador Daniel Scioli dispuso elevar a 8.570 pesos (unos 1.380 dólares) el sueldo que cobra un policía apenas ingresa a la fuerza.
Los saqueos comenzaron hace una semana en la ciudad de Córdoba, unos 700 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, donde gran parte de la policía fue a la huelga, lo que derivó en el asalto de diversos negocios y casas particulares por decenas de personas que robaron sobre todo electrodomésticos. Después se produjo un efecto contagio a otros distritos del país.
Los desmanes fueron protagonizados en muchos casos por jóvenes que se movilizaban en motos y con ellas irrumpían en los locales para robar, según las imágenes que difundieron medios de prensa. Los vecinos se pertrecharon en sus negocios y casas y con armas dispararon contra los asaltantes.
«Esto no ocurrió por el hambre, actuaron bandas de delincuentes y luego hubo pillaje» de vecinos de clase media, dijo De la Sota. «Nos tiene que llamar a la reflexión. Hubo gente que no robó leche, sino latas de cerveza y (televisores) LCD que cargaban en camionetas», cuestionó el mandatario.
Los salarios de la policía son costeados por cada provincia, lo cual genera situaciones de disparidad. De la Sota dijo que los gobiernos de los 24 distritos deberían acordar una «pauta salarial en materia de seguridad para que no haya desequilibrios» que alienten a los uniformados a reclamar las sumas que tienen otros colegas mejor pagos.
El año pasado miembros de la Gendarmería (policía de fronteras) y de Prefectura (guardacostas) que se acuartelaron en la capital argentina exigiendo mejores sueldos. La inflación anual según estimaciones privadas ronda el 25%, lo que obliga a repetidos ajustes de salarios.