Mucho se ha discutido sobre las reformas constitucionales que el gobierno de Otto Pérez Molina está promoviendo, aunque para algunos este tema debería llevar meses y meses de análisis, pues los cambios que vayan a darse, si alguna vez se concretan, marcarán el desarrollo de la vida económica y política del país por al menos una década.

Sin embargo, luego de recibir todos los comentarios de quienes participaron en la socialización de la propuesta, todavía falta que el Ejecutivo la atomice para enviar al Congreso de la República un paquete de reformas, pequeño y centrado en artículos específicos. Además, ya descartada una Asamblea Nacional Constituyente, debería convocarse a Consulta Popular para saber qué decide la población. Parece largo el camino del consenso.

Por otro lado, a veces pareciera que el Presidente de un país lleva consigo algunos proyectos personales -y no por eso necesariamente autoritarios- que considera serán de beneficio para el país, con la mayor voluntad para aproximarlos a buen puerto, pero que por razones de limitación de poder que le imponen quienes lo llevaron a la cúspide jamás podrá realizar.

Esto último pareciera que sucede ahora con Pérez Molina, pues parte del sector privado que lo habría apoyado en su campaña y que parecía tener toda su confianza al inicio del gobierno manifestó que está en desacuerdo con su paquete de reformas. Con todo. Esto, aunque considere que hay artículos que valen la pena rescatar, pero debido a que no hay consenso en todo el sector ya nada se podría hacer para lograr algunos cambios.

Siempre, un tema de la relevancia que tiene una reforma constitucional despertará todo tipo de intereses y comentarios. Algunos valdrán la pena y otros naturalmente que no. Pero todo dependerá de quién los plantee. Y en este caso, valdrán no solo sus argumentos sino también el rol que más temprano haya desempañado en la vida nacional.

Esto se ajusta precisamente para algunos asesores de Pérez Molina, que se inclinan por opciones políticas -con el mayor componente económico posible, sin que eso signifique pago de favores- que hoy parecen ser parte de los problemas económicos que aquejan a Europa y que parecen encontrar en parte de la opinión pública nacional fuerte resonancia con argumentos erróneos.

Esto es lo que ocurre con la limitación del crédito de parte del banco central al gobierno, que no tuvo discusión en la reforma de 1993 y que se introdujo sin que la población supiera con exactitud de qué se trataba.

Haciendo la similitud, aunque casi no se menciona, ese es uno de los principales problemas que tiene la Unión Europea al día de hoy. Que el Banco Central Europeo no puede o todavía se niega a comprar bonos del Estado de cualquier país que forma parte de la zona económica común.

Y, aunque el mercado esté pidiendo a gritos la intervención del banco central y no se desiste de la posición, es parte de lo que tarde o temprano se deberá hacer para salvar a esa región -si es que ese es el objetivo-, pues las recetas de austeridad y ahorro jamás serán las adecuadas cuando de peligro de recesión económica se trata.

Por tanto, debido a que la economía se mueve por ciclos -aunque respecto de Guatemala hay dudas si tiene uno propio-, es necesario que en ocasiones se recurra no solo a la política fiscal sino también a la monetaria con fuerte componente de compra de deuda por parte del banco central. Y eso es algo que debiera discutirse para eliminar esa limitación en nuestro país, que es una de las pocas partes de la Constitución que requeriría cambios. Por eso, mientras las barbas europeas se queman, sería conveniente remojar las nuestras.