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«Vamos a hacer públicos todos los archivos del Ejército (…) para que se conozca la verdad, y de una vez por todas podamos construir sobre la verdad y la justicia», dijo Colom durante un acto oficial con sobrevivientes, en el marco del Dí­a de la Dignidad de las ví­ctimas del conflicto armado.

«Hay voluntad del ministro de la Defensa (Marco Tulio Franco) y del Presidente de entregar esos archivos», los cuales «hasta el dí­a de hoy están bien protegidos», agregó.

Explicó que el titular de la Secretarí­a de la Paz y de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Orlando Blanco, será el encargado del trabajo, y que luego informará al procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales.

Sin embargo, aclaró que aun hay que «arreglar la parte legal. Hubo errores en el pasado, hay amparos, trabas legales. Pero hay voluntad de entregar esos archivos», insistió.

La decisión del mandatario, cuya familia fue afectada directamente durante la guerra, fue aplaudida por organizaciones de derechos humanos, toda vez que el Ejército guatemalteco se ha opuesto a entregar los archivos al aducir inconstitucionalidades alegando que son secreto de Estado.

Los abogados de los militares han interpuesto amparos que han impedido a los tribunales guatemaltecos ingresar a los archivos de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, acusadas del 93% de los violaciones cometidas durante el conflicto en un informe auspiciado por la ONU.

Según el informe Memoria del Silencio, presentado el 25 de febrero de 1999, la guerra en Guatemala dejó 200 mil muertos o desaparecidos.

Colom comentó que la decisión la tomó antes de asumir la Presidencia el 14 de enero, pero no la habí­a anunciado «porque primero habí­a que protegerlos (los archivos) para que no se desaparecieran».

No obstante, no precisó fechas para iniciar este proceso, ni sí­ el mismo tendrá algún tipo de limitaciones, pero antes solventará «las trabas legales» que en el pasado han impedido a las organizaciones humanitarias conocer el contenido.

Aplausos y crí­ticas

Organizaciones sociales aplaudieron ayer la intención del presidente guatemalteco, ílvaro Colom, de hacer públicos los archivos del Ejército para determinar posibles violaciones de derechos humanos durante la guerra (1960-1996), decisión rechazada por grupos de derecha.

«Es un anuncio espectacular y muy bueno, pero antes de aplaudir hay que esperar a que se concrete, porque serí­a un acto sin precedentes el remover ese cuello de botella», comentó la activista de la humanitaria Fundación Myrna Mack, Carmen Aí­da Ibarra.

«Hay que regocijarnos porque todos los hechos registrados por la comisión del esclarecimiento (de la ONU) concluyen que el 95% de las ejecuciones durante la guerra fueron cometidas por las Fuerzas Armadas», dijo el director del Instituto Centroamericano de Estudios Polí­ticos (Incep), Francisco Garcí­a.

El analista recomendó a todos «los luchadores sociales y guatemaltecos afectados por la violencia durante casi 40 años, cerrar filas para que esta decisión polí­tica que acaba de tomar el mandatario pueda hacerse realidad».

Sin embargo, la decisión de Colom, fue criticada por sectores conservadores que la calificaron como «polí­tica e inconstitucional».

«En los archivos no van a encontrar que se haya ordenado o diseñado una operación en el perí­odo del conflicto armado para ir a matar a gente inocente. Eso no va estar en ningún archivo, no va a aparecer», afirmó el general Otto Pérez, ex candidato a la Presidencia derrotado por Colom en noviembre en la segunda ronda electoral y quien firmó en nombre de las Fuerzas Armadas los Acuerdos de Paz en 1996.

Fernando Linares, ex diputado, abogado constitucionalista y defensor del ex dictador general í“scar Mejí­a (1983-1986), aseguró que la decisión del mandatario es ilegal porque contraviene la Carta Magna.

«Es un acto inconstitucional y denota desconocimiento del presidente Colom porque la Constitución lo prohí­be» porque son secretos de Estado, consideró Linares.

El presidente anunció ayer su decisión durante un acto oficial con sobrevivientes de la guerra que vivió Guatemala durante 36 años (1960-1996).

«Vamos a hacer públicos todos los archivos del Ejército (…) para que se conozca la verdad, y de una vez por todas podamos construir sobre la verdad y la justicia», dijo Colom en la ceremonia realizada en el marco del Dí­a de la Dignidad de las ví­ctimas del conflicto armado.

Según el informe Memoria del Silencio, presentado el 25 de febrero de 1999, la guerra en Guatemala dejó 200 mil muertos o desaparecidos, en un 93% responsabilidad de las estructuras represivas del Estado.

En contra

El lí­der de la oposición criticó ayer la decisión «allí­ van a querer decir que van a encontrar pruebas que vayan a servir para enjuiciar a alguien o que hayan pruebas de que se hiciera tal operativo donde posiblemente haya perdido la vida un guatemalteco, afirmó el ex militar.

«No se va a encontrar que se haya ordenado o diseñado una operación para matar inocentes, lo que podrí­a aparecer es que se montó un operativo para controlar a grupos insurgentes que andaban armados y estaban matando y amenazando a gente», agregó Otto Pérez.

Además consideró que tal medida no es válida, «Yo digo que es una medida puramente polí­tica que genera expectativas en mucha gente, pero creo que se va a convertir en frustraciones cuando miren que en el Ejército nunca se dieron órdenes en contra de la población y si alguien la cometió fue por iniciativa propia», insistió el militar.