La apertura de los archivos militares no avanza según lo anunciado por el Presidente de la República; mientras no se establezca un medio, los documentos corren peligro.

El 25 de febrero último, ílvaro Colom, presidente de la República declaró: «Puedo asegurar que vamos a hacer públicos todos los archivos del Ejército».

Ocho meses más tarde, el 22 de octubre pasado, Marco Tulio Garcí­a, ministro de la Defensa, manifestaba que el artí­culo 30 de la Constitución establece que los documentos de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional no pueden ser revelados y que mientras no se resuelva qué es secreto de seguridad nacional, no se podrí­a cumplir con esa disposición.

Mientras tanto las opiniones encontradas son comunes en las partes involucradas en el procedimiento, generando suspicacias sobre una interpretación «antojadiza» de la ley en medio de la punga legal que se ha generado.

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Marco Tulio ílvarez, Coordinador de los Archivos de la Paz, manifiesta que en la Secretarí­a de la Paz (Sepaz) no han obtenido una respuesta oficial del Ministro de la Defensa, a quien le han hecho varios requerimientos desde el anuncio presidencial.

«Iniciamos una serie de visitas donde tuvimos un contacto visual con lo documentación, sin embargo, a la hora de querer implementar las primeras medidas técnicas; como un inventario topográfico de los documentos, nos respondieron que debí­amos esperar», manifestó ílvarez y agregó que desde hace ocho meses han permanecido en esa situación sin una respuesta oficial.

ílvarez agregó que la Sepaz considera que existe el riesgo de que los archivos sean extraviados o modificados, sin embargo, también creen que el Ejército es responsable de esos documentos y que al momento de ser trasladados podrí­an hacer los análisis necesarios para establecer si faltan documentos.

El entrevistado añadió que como principal entidad solicitante tienen una «interpretación diferente»: «consideramos que el artí­culo 30 constitucional y la Ley de Acceso de Información obligan al Ministerio de la Defensa, como a cualquier entidad del Estado a prestar una debida colaboración».

«No es una orden»

Jorge Ortega, portavoz del Ejército, indicó que «hay que cumplir con un procedimiento legal porque hay un artí­culo constitucional que no permite el acceso a esos archivos».

Al ser consultado respecto a la orden que el ¨Presidente y Comandante General del Ejército emitiera el 25 de febrero último, Ortega respondió: «no fue una orden, él (Presidente) anunció que se iban a abrir los archivos militares. Eso es muy diferente a recibir una orden», expresó.

Después se consultó al portavoz castrense si las declaraciones del Presidente no habí­an sido tomadas como una orden por parte del Ejército, a lo que éste respondió: «Yo no estoy diciendo eso. í‰l anunció la apertura de los archivos militares y para eso hay un proceso legal que cumplir y hasta que se cumpla con ese proceso legal no se entregarán», declaró Ortega.

El entrevistado añadió que no existe desobediencia por parte del Ejército al no acceder a la entrega de los archivos, al contrario, indicó; «hay una ley y mientras no se determine qué es secreto y qué no es (…) hay que determinar la situación».

Análisis

Eduardo De León, Analista de la Fundación Rigoberta Menchú, manifestó respecto a las anteriores posturas que, no se puede emitir una orden sin suficiente sustento legal o sólo atendiendo a coyunturas en las que se puede decir o pensar qué es polí­ticamente correcto, refiriéndose con ello a las declaraciones del Presidente.

El analista considera que «en cualquier sistema democrático la orden del comandante General del Ejército deberí­a ser acatada» y añadió que «el Ejército se aferra a una norma y pasa con ello por encima de cualquier voluntad polí­tica».

Para el analista la «voluntad polí­tica» podrí­a «obviar cualquier argumentación de orden legal». «Si el Presidente soportó la orden en un análisis de la Constitución deberí­a reiterarla y velar porque se cumpla».

De León considera que mientras no se mientras no se resuelva la situación en pugna, se corre el riesgo de que se pierda información en esos archivos. «El riesgo es inminente ya que es sabido que hay documentos comprometedores en relación a los abusos del Ejército durante la guerra. El riesgo está vigente», reiteró.

El entrevistado añadió que la Sepaz debe constituirse para resguardar los documentos y estar «vigilantes de ellos para evitar que se pueda esconder, extraer o desaparecer información de los mismos».

Finalmente De León aseguró que la falta de apertura del Ejército respecto a la entrega de esos documentos hace que se interprete que en ellos hay situaciones que los comprometen y que esa acción podrí­a caer en la desobediencia pero que «hace falta ver hasta dónde el Presidente tiene la fuerza como para sancionar esa desobediencia».