El presidente de la República, ílvaro Colom, anunció el pasado miércoles la entrega de los archivos militares a la justicia y pidió perdón por el genocidio cometido contra pueblos indí­genas durante la guerra civil (1960-1996).

El contenido de los archivos demorará en ser divulgado porque el juez Mario Valenzuela se negó a recibirlos porque faltaban documentos y programó una audiencia para el 6 de marzo para recibir la documentación completa por parte del Ministerio de Defensa.

«Nuestra experiencia indica que, a veces, es más difí­cil identificar a los autores materiales de los hechos, que a la cadena de mando que la tenemos determinada. De ahí­ que se pueda juzgar, de acuerdo al lugar donde se registró el hecho, a los jefes de zona, subzona y área», dijo Torres.

El experto argentino visitó Guatemala con motivo de la conmemoración el miércoles del décimo aniversario de la entrega del informe oficial de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que investigó las atrocidades cometidas en la guerra interna que vivió el paí­s durante 36 años.

«A lo mejor no conocemos al autor material, pero sí­ esa cadena de mando (que) permite ese juzgamiento. En algunos casos hemos identificado a los autores materiales», agregó.

Torres dijo que Guatemala debe tomar en cuenta que esta clase de crí­menes son delitos de contra la humanidad, imprescriptibles, a los que no se les puede aplicar ningún tipo de amnistí­a o limitaciones en el juzgamiento.

«Bastarí­a aplicar en el derecho interno de Guatemala las decisiones de los organismos de contralor del sistema interamericano de derechos humanos», subrayó.

Según el experto, en Argentina hay unas 380 personas presas por violaciones de los derechos humanos en la pasada dictadura militar (1976-1983). De ellas, 50 fueron condenadas y están en marcha muchos juicios, que no obstante avanzan «con mucha lentitud», deploró.

Pero en Guatemala las denuncias contra ex presidentes y ex jefes militares han encontrado reiterados tropiezos para llegar a juicio.

«Esas son las dificultades que observamos debemos enfrentar, pero en un panorama que es, junto con Chile, único en América Latina. Chile hace también juicios, pero de otra naturaleza, juicios individuales con penas que tienen, más que nada, un carácter simbólico, aunque no dejan de ser muy importantes», agregó.

«En nuestro paí­s las personas condenadas son, por la naturaleza de los delitos, generalmente a prisión perpetua», aseguró Torres.

En Argentina, al igual que en Guatemala, se registraron desapariciones forzadas, robos de niños, presos polí­ticos y exiliados, entre otros hechos.

«En Argentina estamos seguros que existen archivos elaborados por la represión donde se planificó todos los hechos que existieron en nuestro paí­s. Pero esos archivos, por orden de la última dictadura que tuvo nuestro paí­s, en los últimos momentos, fueron destruidos», sostuvo.

«Nosotros entendemos que no fueron destruidos, sino que se aprovechó algunas resoluciones oficiales para sustraerlos del poder del Estado y en consecuencia no accedemos a los archivos que son directamente los de la represión», dijo Torres.