Al menos 400 mil archivos de la SBS, de los años 1978-1986, que están bajo custodia de la PDH, podrían esclarecer el paradero de infantes desaparecidos durante el conflicto armado, que fueron dados en adopciones ilegales.
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Gustavo Meoño, coordinador del proyecto de recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señaló que los 400 mil documentos se refieren a los procesos de adopción, así como el traslado y resguardo de niños y niñas sobrevivientes de masacres durante el conflicto armado interno.
«La información indica los lugares donde se recluía a los niños durante los años del conflicto armado, donde eran trasladados; incluso niños sobrevivientes de comunidades donde hubo masacres», indicó.
Meoño aseguró que existe información sobre los hogares temporales o centros donde los menores de edad eran reunidos, específicamente durante los períodos de gobierno de Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores, quienes estuvieron en la presidencia entre 1978-1986.
«Los procesos de adopción que se llevaron a cabo durante esa época estuvieron concentrados y supervisados por la Secretaría de Bienestar Social (SBS)», adujo el coordinador del proyecto.
«SIN ESPECULAR»
Gustavo Meoño fue cauto al indicar que aún se desconoce a ciencia cierta el tipo de información que se podría obtener de los expedientes, puesto que sólo han sido digitalizados y aún queda pendiente su organización archivística y una investigación más estructurada.
«Sería prematuro especular, porque los documentos fueron digitalizados (…) Es un trabajo que debe iniciarse con la misma responsabilidad con la que la institución del PDH ha trabajado los archivos de la PN», advirtió Meoño.
Los archivos están en resguardo de la PDH desde finales de 2006, cuando fueron localizados en las instalaciones de la SBS. Meoño consideró que los resultados de las investigaciones de los 400 mil expedientes podrían conocerse a inicios del próximo año.
NIí‘EZ DESPARECIDA
Nery Rodenas, de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), estimó que de garantizarse el acceso a los documentos de las autoridades que deben investigar, la existencia de los mismos ayudaría a esclarecer casos de adopciones irregulares y el paradero de infantes desaparecidos en la época de enfrentamiento armado.
«Ayudaría a saber cuáles eran las políticas del Estado para acabar con aquellos niños y jóvenes que podrían representarles algún problema en aquella época», señaló.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) informó de la desaparición forzada de unas 45 mil personas durante la guerra interna en Guatemala, de las cuales 11%% correspondería a infantes separados de sus hogares, es decir, unos cinco mil niños y niñas.
La defensa de Héctor Federico Ramírez Ríos -sindicado de la desaparición forzada del líder sindical Fernando García en 1984- solicitó al juez Rocael Girón una reforma al auto de procesamiento alegando la prescripción de los ilícitos.
Rudy Hernández -abogado defensor de Ramírez-, declaró que «los delitos a la presente fecha ya prescribieron toda vez que en ese tiempo el plagio o secuestro estaba penado con prisión de 8 a 15 años y el sistema penal establece una fecha para que prescriban», explicó el jurista.
Hernández presentó el memorial esta mañana en el que solicita que el juzgador revoque el auto de prisión y procesamiento y deje en libertad al ex agente de la Policía Nacional.
El juez ligó a proceso al sindicado por los delitos de abuso de autoridad, plagio o secuestro y detención ilegal en contra del sindicalista y esposo de la diputada Nineth Montenegro, hecho ocurrido en febrero de 1984.