Así como tras el derrumbe de la Cortina de Hierro se asentó como dogma el fracaso del comunismo, el derrumbe de Wall Street y el sistema financiero mundial ha planteado como una verdad irrefutable el fracaso de las políticas que apuntaron a la supresión de las regulaciones y a la reducción a papeles ínfimos del papel del Estado. Hoy en día apenas los más radicales y dogmáticos del más obtuso neoliberalismo defienden un modelo que tronó a sapo y lo hacen con la falacia de que la crisis actual es producto de que no se llegó a producir la liberalización absoluta del modelo económico.
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Pero entre gente sensata se entiende y admite que hubo un exceso de codicia y ambición provocado por la prédica del dejar hacer, dejar pasar, que se tradujo al final de cuentas en escándalos como el de Enron, WorldCom, las hipotecas riesgosas, la burbuja inmobiliaria, la especulación con las acciones mediante el engaño certificado por prestigiosas firmas de contadores reconocidas mundialmente y, en fin, el manoseo de la economía mundial para beneficio de unos pocos que pudieron actuar sin rendirle cuentas a nadie porque durante años se fue estructurando un modelo de supresión de todo tipo de control y regulación.
En Guatemala hemos tenido también mucho de ello y lo vemos de manera patética en el mercado de los combustibles que opera sin ninguna capacidad de las autoridades para ejercer vigilancia, no digamos control. Pero como ese hay otros mercados que incluyen el de energía y el de telecomunicaciones en donde prevaleció la idea de que para hacerlos crecer era indispensable dejar hacer, dejar pasar, puesto que ese era el incentivo que requería el inversionista para colocar su dinero toda vez que los controles podrían significar límite a la capacidad de obtener excelente retorno de capital.
Por ello es que vemos que en todo el mundo los países han tenido que admitir su equivocación y están implementando políticas económicas de urgencia que apuntan, entre otras cosas, a rescatar la capacidad de control y regulación para impedir que largos como los ejecutivos de la aseguradora AIG, para citar apenas un conspicuo ejemplo, se embolsen dinero que no les corresponde y hasta lo hagan con los aportes que les hizo el Gobierno para evitar su colapso empresarial.
Ayer escribía yo de cómo de manera metódica, sistemática y puntual, los neoliberales fueron desmantelando el Estado en Guatemala al punto de que fue tan inmisericorde el ataque que lo castraron hasta para lo esencial. Ni siquiera es capaz de administrar justicia y ofrecernos seguridad porque al fin de cuentas la impunidad conviene no sólo al asesino que empuña una pistola, sino también a los banqueros que se lograron alzar con el dinero de sus clientes que todavía hoy andan clamando por justicia. La impunidad no ha sido únicamente un arma del bajo mundo, sino también de los criminales que actúan con supuesta elegancia y que sin disparar un tiro también matan, como ha ocurrido con tanta gente que ha muerto en esa lucha que parece vana para que los banqueros les devuelvan su dinero. Esos trinquetes fueron posibles porque nuestra Superintendencia de Bancos también cayó en la desregulación, dejando que en ventanillas de las mismas entidades financieras captaran fondos a favor de los llamados grupos no regulados que fueron los usados para el saqueo.
Cambiar esa manga ancha para permitir la codicia y la ambición es lo que nos urge si queremos hacer que nuestro país vaya empezando a terminar con la impunidad.