Diputados al Congreso de la República aprobaron la llamada Ley Anticorrupción en tercera lectura. A la hora del cierre de este vespertino, se encontraban debatiendo la redacción final, artículo por artículo.

Con 119 votos a favor, la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito fue aprobada en su tercera lectura. Sin embargo, aún faltaba la discusión final, en la cual se conocían que al menos tres artículos sufrirían modificaciones con respecto a la iniciativa que contaba con el dictamen de la comisión.

ENMIENDAS

Según se había anunciado, el bloque oficial del Partido Patriota intentaría modificar al menos tres artículos. Uno de los cambios buscaba dejar fuera a los diputados y a los particulares de las sanciones del enriquecimiento ilícito. Sin embargo, esta modificación era una de las que más malestar causó entre bancadas de oposición y sociedad civil.
 
Las otras enmiendas que se espera que se propongan es eliminar la palabra “personas jurídicas” y dejarlo solo como personas, puesto que no consideran que las empresas deban ser condenadas por el accionar de un individuo.

La tercera enmienda era incluir dentro de esta ley  la creación de una Secretaría de Control y Transparencia de la Presidencia de la República. Actualmente, existe un órgano similar, pero que está a cargo de la Vicepresidencia.

RECHAZO

Estas enmiendas ya había causado malestar, entre bloques de oposición, como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Libertad Democrática Renovada (Lider), así como de la Comisión de Transparencia. Amílcar Pop, presidente de esta sala de trabajo, indicó en su momento que castigar el tráfico de influencias buscaba evitar la práctica de que funcionarios logren favorecer a particulares con acciones políticas.

Por aparte, Mario Taracena, jefe de bancada de la UNE, se mostró en contra de dejar fuera a los diputados, y que buscaría que se modificara el artículo para agregar también a los “dignatarios” de la nación.

PRESIÓN

Ante los temores de que se modificara la Ley Anticorrupción, restándole herramientas para que sea realmente funcional, los representantes de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), propusieron que la redacción homologara lo establecido en la Convención contra la Corrupción, del cual Guatemala es signataria.

En esta convención, se define el delito de enriquecimiento ilícito como la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a cualquiera otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o la persona abusen de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado.

INTENTOS FALLIDOS

En la pasada sesión plenaria, se intentó aprobar esta ley. Sin embargo, sin que se conozcan aún las razones, los miembros de la Junta Directiva empezaron a abandonar, quedando solamente uno de los vicepresidentes, quien, por falta de quórum de la dirigencia, debió declarar suspendida la sesión.

Asimismo, la semana pasada se quiso aprobar, pero no se llegó al quórum en el Pleno. Según habían advertido, los diputados se encontraban en una actividad ajena del Hemiciclo.

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