Aprueban primera ciudad modelo


El Congreso unicameral aprobó la noche del miércoles una iniciativa para la construcción de ciudades modelo en las que se espera evitar la delincuencia y con mejores sistemas de desarrollo, salud y educación.


El decreto lo aprobó la mayorí­a de los 128 diputados de cinco partidos polí­ticos.

Según la disposición legal, la primera ciudad modelo se erigirá en mil kilómetros cuadrados aún no precisados del Atlántico con personalidad jurí­dica y su propio sistema de administración.

La determinación legislativa la respaldó el presidente Porfirio Lobo, que en la ví­spera dijo a sus compatriotas que el proyecto atraerá la inversión extranjera a Honduras.

«Yo invito a mi pueblo a soñar por vivir en un lugar ideal, sin delincuencia, en un territorio autónomo y con un mejor sistema educativo y de salud», afirmó el mandatario en rueda de prensa el martes.

Para Lobo, la primera ciudad modelo se construirá en un lugar que no esté habitado ni cultivado y bajo un régimen especial

El mandatario afirmó que el proyecto es «fundamental» para el desarrollo de Honduras «porque el modelo actual (de economí­a neoliberal), sobre el que se asienta el paí­s, no es exitoso… y ha evidenciado que no permite mejorar las condiciones de vida del pueblo». Un 59% de los ocho millones de hondureños es pobre.

De acuerdo a Lobo, la iniciativa «transformarí­a a Honduras y reducirí­a considerablemente la pobreza en 30 años, mediante un ambicioso plan de inversión nacional e internacional».

Señaló que en la ciudad modelo se instalarán fábricas de computadoras, turbinas de aviones, barcos de gran calado, ensamblaje de carros y otros negocios de envergadura.

Las compañí­as extranjeras que operen en esos lugares tendrán concesiones estatales por más de 20 años y los resultados se concretarí­an en cinco.

La cámara legislativa comenzó a discutir el 11 de enero el proyecto impulsado por el diputado oficialista Juan Hernández, presidente del organismo.

La ciudad modelo dispondrá de sus propias leyes y tribunales, y estará bajo la autoridad de un gobernador nombrado por el presidente.

El proyecto generó opiniones encontradas en los sectores polí­ticos y sociales de Honduras.