El Presupuesto 2012, por Q 59.547 millones, fue aprobado hoy a las tres de la mañana con un quórum de 132 diputados, más una ampliación de Q500 millones para ejecutar los recursos provenientes de la Ley de Extinción de Dominio y donaciones.
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Pese a los acontecimientos que intentaron impedir la aprobación del Presupuesto 2012, esta madrugada quedó aprobado en su tercera lectura y redacción final que, además, deja fuera a Organizaciones No Gubernamentales para ejecutar obras públicas.
Con 100 votos a favor y 35 en contra; y la oposición de las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza y Libertad Democrática Renovada, el Pleno del Congreso de la República, aprobó el decreto 33-2011, por medio del cual avala el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, por un monto de 59 mil 547 millones de quetzales, que sería financiado en un 70 por ciento por ingresos tributarios, así como por la colocación de Bonos del Tesoro por un monto de hasta 7 mil 500 millones de quetzales.
Tras concluir la jornada en el hemiciclo Legislativo a las siete y media de la mañana, Roberto Alejos, titular de la institución, manifestó su satisfacción ante la aprobación del Presupuesto.
“Los consensos y logros se dan luego de diálogos con los diputados interesados en aprobar leyes. Para lograr estas acciones se debe a la independencia de bancadas y a la responsabilidad del Congreso para beneficiar a la población, dejando atrás los intereses particularesâ€.
Valentín Gramajo, jefe de bancada del Partido Patriota, indicó que habrá responsabilidad por parte de su partido para trabajar con transparencia el Presupuesto 2012.
“Iniciaremos trabajando sobre los recursos que serán otorgados a los ministerios e instancias, pero además, y como siempre lo hemos planteado continuar con los candados para que exista una mejor fiscalización y transparencia en el uso de los recursosâ€.
FISCALIZACIí“N
Dentro del presupuesto aprobado se incluyeron normas presupuestarias donde eliminaron las Organizaciones No Gubernamentales en la ejecución de obra e intermediación financiera. Así como también colocar mayor control a la constitución de fideicomisos, a fin de que estos puedan ser fiscalizados.
Para Edgar Balsells, exministro de Finanzas Públicas, el dejar fuera a las ONG fue una “atinada†eliminación de algunas organizaciones, pero afirmando que la fiscalización al Ministerio de Comunicaciones, así como a Empresas de Sociedad Anónimas.
“Se debe seguir fiscalizando para una mejor trasparencia. Pero además, con el Ministerio de Compunciones para saber cómo licitara, los fideicomisos, así como al Fondo Social; existe una serie de temas de obras públicas y adquisiciones. No solamente las ONG, sino también a todas las sociedades anónimas de los constructoresâ€.
Balsells indicó que a las Sociedades Anónimas se les quitó la competencia (ONG), pero que, además, deben velar por la transparencia de los procesos de obras públicas, “porque las sociedades anónimas siguen siendo bastantes. Debe analizar como fiscalizar a todos estas empresasâ€, indicó.
Asimismo, los legisladores consensuaron que solo los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural podrán aprobar la reprogramación de obras, por lo que no tendrán incidencia alguna en el tema.
LARGA JORNADA
Previo a iniciarse ayer la Sesión Plenaria en el Congreso de la República, que fue llena de sorpresas e intentos de impedir la aprobación de los Ingresos y Egresos de la Nación y con una amplia jornada de doce horas de sesión plenaria, los 132 legisladores permanecieron en el hemiciclo hasta las tres de la mañana cuando lograron aprobar el Presupuesto 2012.
Readecuación y préstamos
Esta mañana diputados del Congreso de la República aprobaron la readecuación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el presente Ejercicio Fiscal relacionados que asciende a mil 35 millones de quetzales.
Así como dos préstamos entre el gobierno y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por hasta un monto de 100 millones de dólares, denominado Apoyo de Emergencia para Proyectos de Servicios Sociales, y dos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ascienden a 52 millones de dólares, destinados al Programa Establecimiento Catastral de la Certeza Jurídica en íreas Protegidas y al Programa de Apoyo al Sector Justicia.