Con el voto de la mayoría de las fuerzas políticas, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves la ley que expropia el 51% de las acciones de YPF en poder de la petrolera española Repsol, y dejó en manos del gobierno de la presidenta Cristina Fernández el control de la principal petrolera del país en medio de una crisis energética que pone en riesgo el modelo económico.
La nacionalización de YPF, privatizada en la década de 1990, fue aprobada con 207 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones luego de dos días de arduo debate en la cámara baja.
La iniciativa, impulsada por el gobierno y duramente cuestionada por España y la Unión Europea, había logrado el aval del Senado hace una semana, también con el respaldo de la mayoría de los partidos.
En su artículo más relevante, la ley declara «de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta».
Repsol tenía en su poder el 57,43% de las acciones de YPF.
Está previsto que la presidenta ponga en vigencia la ley el viernes en un acto en la Casa de Gobierno.
A partir de este momento, del total de acciones expropiadas el 51% quedará bajo control del Estado nacional y 49% se distribuirá entre las provincias productoras de petróleo. Repsol conservará un porcentaje minoritario.
Para justificar la expropiación, el gobierno ha sostenido por un lado la necesidad de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos a fin de sostener el crecimiento económico, y también acusó a Repsol de no invertir lo suficiente y haber girado excesivos dividendos al exterior, lo cual niega la compañía.
Agrupaciones kirchneristas movilizadas frente al Congreso celebraron, junto al vicepresidente Amado Boudou y otros funcionarios, la sanción de la ley bajo una lluvia de fuegos artificiales y consigas contra los que no acompañaron el proyecto.
«La verdad que estamos muy contentos…(con) la norma que hoy se va a aprobar en el Parlamento Argentino, que es la recuperación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que realmente también nos va a exigir un gran desafío», dijo la presidenta Fernández durante un acto horas antes de la votación en la cámara de Diputados.
Agregó que «no hubo otra salida que volver a recuperar ese instrumento de decisión nacional estratégico» porque el país se había convertido en 2011 «importador neto» de combustibles.
«Esta decisión también va a exigir por parte de todos los argentinos, y específicamente de aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, sean oficialistas u opositores, el desafío de una YPF moderna, competitiva, alineada con los intereses del país», destacó Fernández.
España, el principal inversionista extranjero en Argentina, calificó la decisión como «discriminatoria» y en represalia canceló la importación de biodiésel, con lo cual el país sudamericano perderá un ingreso de 800 millones de dólares.
Al mismo tiempo la Unión Europea evalúa suprimir las ventajas arancelarias a determinados productos argentinos que entran en el mercado comunitario y que no expiraban hasta 2014. También se pretende marginar a Argentina de la negociación de un acuerdo comercial con el bloque del Mercosur.
Mientras Repsol sostuvo que invirtió más de 20.000 millones de dólares entre 1999 y 2011 en YPF, el gobierno argentino respondió que esa cifra no se ajusta a la realidad.
La compañía española si bien admitió una merma en la producción de gas y petróleo, aseguró que ésta fue menor a la de otras petroleras que operan en el país.
El oficialismo contó en la votación con el apoyo de la mayoría de las fuerzas opositoras, que igualmente dejaron sentada su disconformidad con la política energética llevada adelante por el gobierno y expresaron sus reparos sobre el futuro de YPF.
«Si Repsol hizo lo que hizo, fue con el acompañamiento y complicidad del gobierno. ¿No veían lo que estaba pasando los representantes del Estado en el directorio?», manifestó el diputado Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), la principal fuerza opositora en el parlamento.
«La UCR se encuentra ligada en su propia historia a YPF. Nosotros la creamos, no somos incoherentes…El proyecto del gobierno es muy objetable desde muchos ángulos (pero) coincidíamos en una aspecto central: la conveniencia de que el país tuviera una petrolera estatal o con mayoría estatal», agregó para justificar el voto a favor de su partido.
Agustín Rossi, líder del oficialista Frente para la Victoria, se preguntó «¿por qué Repsol no invertía en Argentina?. Porque el gobierno le decía ‘no más de 50 dólares el precio del barril’ y Repsol nos contestaba: ‘van a tener desabastecimiento’ y muchas veces nos desabastecía».
El canciller español José Manuel García-Margallo advirtió el jueves que si Argentina decidió expropiar, deberá pagarle a Repsol «un precio justo».
«Uno elige las opciones económicas y políticas que quiere, pero hay que pagar lo que es de otros», sostuvo.
El precio de los bienes de Repsol sujetos a expropiación será determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. La petrolera española los ha fijado en 10.500 millones de dólares, aunque el gobierno argentino dejó entrever que no pagará esa suma.
En Washington, el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner dijo el jueves que estas acciones contra inversionistas extranjeros «afectan el clima de inversión y esa es nuestra preocupación».
Axel Kicillof, el cerebro detrás de la expropiación
Axel Kicillof, artífice de la expropiación de la petrolera YPF, es para sus detractores un soberbio que reniega del mercado y según sus admiradores un brillante defensor del interés público. Pero casi todos coinciden en que el joven asesor presidencial es un fiel exponente del creciente control estatal de áreas estratégicas de la economía.
«Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto», afirmó Kicillof cuando advirtió a Repsol que el gobierno no pagaría unos 10.500 millones de dólares que la petrolera española asegura que vale el 51% del paquete accionario expropiado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
La expropiación de la mayor parte del paquete accionario que tenía Repsol en YPF (57,43 fue convertida en ley la noche del jueves con un abrumador respaldo en la Cámara de Diputados. La nacionalización fue denostada por el gobierno español y la Unión Europea, que amenazaron con represalias.
Varios analistas consultados por The Associated Press dijeron que Kicillof, viceministro de Economía y subinterventor en YPF, es uno de los impulsores del creciente papel del Estado en la economía.
Para el consultor Ricardo Rouvier, el ingreso de este economista con una brillante formación académica en el círculo íntimo de la presidenta Cristina Fernández obedece a que ella «apuesta a los jóvenes que se destacan y expresan su inteligencia», con los que se identifica ideológicamente. Fernández representa al ala más izquierdista del Peronismo y promueve el desarrollo con «inclusión social».
Con 41 años, largas patillas y un aspecto informal, Kicillof aparenta tener al menos cinco años menos. La importancia que ha cobrado en el gobierno se manifestó el 17 de abril, cuando explicó en el Senado que el Estado debía recobrar YPF por la falta de inversiones, insuficiente producción y el envío de excesivos dividendos al exterior, entre otras razones.
Ante los senadores, el economista egresado de la Universidad de Buenos Aires se destacó por su seguridad, elocuencia y desenfado, que sus críticos consideraron altanería, falta de educación y escasez de conocimientos sobre el área energética.
Desde entonces no ha hecho apariciones públicas ni ha dado entrevistas. La AP intentó sin éxito obtener declaraciones del viceministro.
Según Mariel Fornoni, de la consultora Management & Fit, «el gobierno de Cristina es tan personalista que todos están pendientes de quién es la nueva persona de confianza de la mandataria». Kicillof, capaz de dejar en las sombras a su jefe, el ministro de Economía Hernán Lorenzino, «coincide ideológicamente con la presidenta y ella busca lealtad».
Antes de Kicillof, fue el actual vicepresidente Amado Boudou, amante del rock y guitarrista en sus momentos de ocio, la figura favorita de la mandataria. Boudou asesoró a Fernández en la estatización en 2008 de los fondos de pensión.
Desde que en 2003 asumió Néstor Kirchner, antecesor y fallecido marido de Fernández, el Estado recuperó el control de compañías que habían sido privatizadas en los 90. Así, nacionalizó la empresa de correo, el servicio de aguas y cloacas que estaba en manos de la francesa Suez, el sistema de jubilación y Aerolíneas Argentinas, controlada por capitales españoles.
El Ejecutivo alegó entonces que dichas compañías no habían prestado los servicios adecuados, en sintonía con lo que afirma ahora de YPF, que fue privatizada en los 90 con el respaldo de los Kirchner cuando él era gobernador de la provincia patagónica de Santa Cruz y ella diputada en ese distrito.
Según indicó a la AP el ex secretario de Energía Emilio Apud, Kicillof tuvo la «idea peregrina de expropiar la empresa invocando la soberanía, cuando en realidad es para satisfacer necesidades de corto plazo, ya que no hay más caja». Varios economistas han advertido del creciente déficit fiscal.
Apud criticó además la gestión del joven economista en Aerolíneas Argentinas, donde en 2009 fue gerente de Finanzas y luego subgerente. «El resultado fue llenar toda la plantilla de cargos ejecutivos con jóvenes sin experiencia y generar un déficit» en la empresa, dijo.
¿Que papel jugará Kicillof en el plan de avance del Estado sobre áreas clave como la minería o la energía eléctrica?
Según la periodista Laura Di Marco, autora del libro «La Cámpora» –que retrata al grupo de jóvenes izquierdistas inspirados en Héctor Cámpora, un peronista progresista que fue presidente en 1973– Kicillof forma parte del «segundo anillo de notables» de esa agrupación que «también tienen peso e influencia interna».
Agregó que el joven «siempre estuvo a la izquierda de la izquierda».
El músico Sebastián Rubin, que conoce al viceministro desde que eran compañeros en la universidad, dijo a la AP que admira de su amigo «su inteligencia, su brillantez, la elocuencia y sencillez con la que es capaz de trasmitir ideas complejas, y su decisión y honestidad a la hora de la acción».
Recordó que «cuando fue a recibir su diploma de honor y medalla de oro por ser el alumno más distinguido de su camada en la universidad, el decano en lugar de felicitarlo le preguntó si le parecía bien ir en camisa de manga corta y sin corbata a la ceremonia».
Rubin, que abandonó su profesión de economista, destacó que el discurso de Kicillof es directo y convincente, dos virtudes que muchos políticos han perdido.
«Le veo mucha pasta para la política… no sé hasta dónde piensa Cristina (Fernández) que Kicillof debe seguir su carrera y tampoco sé si él quiere hacerlo, pero es un muchacho con un gran potencial», afirmó Rouvier.
La nacionalización de YPF, privatizada en la década de 1990, fue aprobada con 207 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones luego de dos días de arduo debate en la cámara baja.
La iniciativa, impulsada por el gobierno y duramente cuestionada por España y la Unión Europea, había logrado el aval del Senado hace una semana, también con el respaldo de la mayoría de los partidos.
En su artículo más relevante, la ley declara «de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta».
Repsol tenía en su poder el 57,43% de las acciones de YPF.
Está previsto que la presidenta ponga en vigencia la ley el viernes en un acto en la Casa de Gobierno.
A partir de este momento, del total de acciones expropiadas el 51% quedará bajo control del Estado nacional y 49% se distribuirá entre las provincias productoras de petróleo. Repsol conservará un porcentaje minoritario.
Para justificar la expropiación, el gobierno ha sostenido por un lado la necesidad de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos a fin de sostener el crecimiento económico, y también acusó a Repsol de no invertir lo suficiente y haber girado excesivos dividendos al exterior, lo cual niega la compañía.
Agrupaciones kirchneristas movilizadas frente al Congreso celebraron, junto al vicepresidente Amado Boudou y otros funcionarios, la sanción de la ley bajo una lluvia de fuegos artificiales y consigas contra los que no acompañaron el proyecto.
«La verdad que estamos muy contentos…(con) la norma que hoy se va a aprobar en el Parlamento Argentino, que es la recuperación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que realmente también nos va a exigir un gran desafío», dijo la presidenta Fernández durante un acto horas antes de la votación en la cámara de Diputados.
Agregó que «no hubo otra salida que volver a recuperar ese instrumento de decisión nacional estratégico» porque el país se había convertido en 2011 «importador neto» de combustibles.
«Esta decisión también va a exigir por parte de todos los argentinos, y específicamente de aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, sean oficialistas u opositores, el desafío de una YPF moderna, competitiva, alineada con los intereses del país», destacó Fernández.
España, el principal inversionista extranjero en Argentina, calificó la decisión como «discriminatoria» y en represalia canceló la importación de biodiésel, con lo cual el país sudamericano perderá un ingreso de 800 millones de dólares.
Al mismo tiempo la Unión Europea evalúa suprimir las ventajas arancelarias a determinados productos argentinos que entran en el mercado comunitario y que no expiraban hasta 2014. También se pretende marginar a Argentina de la negociación de un acuerdo comercial con el bloque del Mercosur.
Mientras Repsol sostuvo que invirtió más de 20.000 millones de dólares entre 1999 y 2011 en YPF, el gobierno argentino respondió que esa cifra no se ajusta a la realidad.
La compañía española si bien admitió una merma en la producción de gas y petróleo, aseguró que ésta fue menor a la de otras petroleras que operan en el país.
El oficialismo contó en la votación con el apoyo de la mayoría de las fuerzas opositoras, que igualmente dejaron sentada su disconformidad con la política energética llevada adelante por el gobierno y expresaron sus reparos sobre el futuro de YPF.
«Si Repsol hizo lo que hizo, fue con el acompañamiento y complicidad del gobierno. ¿No veían lo que estaba pasando los representantes del Estado en el directorio?», manifestó el diputado Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), la principal fuerza opositora en el parlamento.
«La UCR se encuentra ligada en su propia historia a YPF. Nosotros la creamos, no somos incoherentes…El proyecto del gobierno es muy objetable desde muchos ángulos (pero) coincidíamos en una aspecto central: la conveniencia de que el país tuviera una petrolera estatal o con mayoría estatal», agregó para justificar el voto a favor de su partido.
Agustín Rossi, líder del oficialista Frente para la Victoria, se preguntó «¿por qué Repsol no invertía en Argentina?. Porque el gobierno le decía ‘no más de 50 dólares el precio del barril’ y Repsol nos contestaba: ‘van a tener desabastecimiento’ y muchas veces nos desabastecía».
El canciller español José Manuel García-Margallo advirtió el jueves que si Argentina decidió expropiar, deberá pagarle a Repsol «un precio justo».
«Uno elige las opciones económicas y políticas que quiere, pero hay que pagar lo que es de otros», sostuvo.
El precio de los bienes de Repsol sujetos a expropiación será determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. La petrolera española los ha fijado en 10.500 millones de dólares, aunque el gobierno argentino dejó entrever que no pagará esa suma.
En Washington, el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner dijo el jueves que estas acciones contra inversionistas extranjeros «afectan el clima de inversión y esa es nuestra preocupación».