La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó ayer una ley para «prevenir y sancionar el acoso sexual» en los ámbitos laboral y educativo, y que prevé la indemnización de las víctimas, informó el vocero de la Cámara, Alberto Candeau.
«Se votó la ley», dijo Candeau inmediatamente después de la votación, quien indicó que «hubo un solo legislador que no la votó».
En junio el Senado ya había aprobado por unanimidad el proyecto, por lo que ahora será enviado al Poder Ejecutivo para que lo promulgue y lo convierta en ley.
Impulsada por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Educación y Cultura y de Desarrollo Social, la nueva ley aprobada califica el acoso sexual como «una de las lesiones más graves al derecho a la igualdad», como una forma de «discriminación» y «abuso de poder» que causa en las víctimas «profundas distorsiones en la salud física y mental».
Asimismo, considera al acoso como «una lesión a los derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras: el derecho a la no discriminación y el derecho a la intimidad, relacionado con el derecho a la dignidad, el derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, el derecho a la libertad sexual y el derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia».
De acuerdo con el texto del proyecto, y sin perjuicio de las acciones administrativas y penales que correspondan, las víctimas de acoso sexual serán indemnizadas por «daño moral» con seis meses de salario, y de configurarse una situación de despido indirecto, se considerará despido abusivo y la indemnización será el doble.
Si el sujeto de acoso sexual es un estudiante, la indemnización se calculará en base al salario del docente o jerarca culpable.
Si el autor del acoso es un trabajador dependiente, será sancionado de acuerdo a su comportamiento y podrá ser despedido por notoria mala conducta.
En el caso de los funcionarios públicos, la tipificación del acoso sexual será de «falta grave».
El texto fija obligaciones para empresarios y jerarcas del sector público para prevenir el acoso sexual, como investigar las denuncias y presentar sus conclusiones en un plazo no mayor a 30 días. Además, serán considerados responsables si, estando en conocimiento de una situación de acoso sexual, no adoptan las medidas necesarias para corregir la situación.
Asimismo, el proyecto reconoce el acoso sexual entre personas del mismo sexo, y afirma que «las mujeres están mucho más expuestas a ser víctimas del acoso sexual porque carecen de poder y se encuentran en posiciones más vulnerables».
Las mujeres «también corren peligro de padecer esta conducta cuando se las percibe como competidoras por el poder», agrega.
Las víctimas de acoso sexual, ya sean trabajadores o estudiantes, podrán presentar su denuncia en la empresa o centro de enseñanza donde se desempeñan, así como en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Según la Inspección del Trabajo, desde 2004 a la fecha se han presentado 17 denuncias por acoso sexual.