Criticar a Eduardo Meyer me serí­a muy fácil, ya que no es ni ha sido santo de mi devoción; criticar a Otto Pérez Molina y así­ mermarle sus posibilidades como indudable futuro candidato presidencial, que aspira a continuar siéndolo del Partido Patriota, también me serí­a fácil y muy justificado. Sin embargo, hacer leña del Congreso o de éstas dos ramas del árbol polí­tico, demostrarí­a una actitud falta de principios, de ética, de hombrí­a, no acorde con la educación que recibí­ en el seno del hogar de donde provengo, ni de los institutos educativos, ni mucho menos de mi formación de oficial y hombre de principios.

Lo que no puedo dejar de señalar es el hecho de varios editoriales que pretenden combinar el sonido de lo acontecido en esta improcedente transacción económica con el tiempo para decir «los diputados tienen ahora la oportunidad de demostrar la voluntad polí­tica de transparentar la administración pública», refiriéndose a que deben de aprobar y promulgar «la Ley de Libre acceso a la información» que tanto insisten ciertos medios y ciertos editorialistas.

No me opongo a la libertad de información, a la obligación constitucional de permitir el acceso a la información de la misma forma que abogo y continuaré abogando por el libre derecho de expresión, por el pleno derecho de aclaración a cualquier noticia que infundadamente se publique.

La información en una democracia debe ser total; por qué oponerse a que se pueda saber cuál es el patrimonio, los aumentos de patrimonio o el pago de impuestos que hace una corporación o una persona individual. Decir que esto pone en riesgo su seguridad es una charada, porque la seguridad o el motivo de una amenaza o un secuestro no necesita esos datos de forma concreta, es público que por una pequeña cantidad de quetzales secuestran o amenazan a una persona. Por el contrario, que las personas se enteren de cuál es el patrimonio y cuál es el aumento de patrimonio, sólo evidenciarí­a que la persona o la empresa está actuando de manera lí­cita, que no lleva doble contabilidad, que no triangula con empresas offshore al comprar o vender acciones y por supuesto que paga correctamente sus impuestos.

Es fácil pedir pero no dar, podemos pretender que en los paí­ses desarrollados cualquier ciudadano tenga el derecho de fiscalizar si todo el mundo está cumpliendo con su obligación de transparencia y con su obligación de igualdad ante la ley, pero no queremos la misma transparencia en nuestro paí­s.

El tema de la transacción financiera entre una corredora de bolsa y el Congreso debe dejarse a la responsabilidad del Ministerio Público y los tribunales quienes determinarán los hechos y las responsabilidades de las personas involucradas; coaccionar al Congreso para que apruebe una ley es tan improcedente como la inversión que fue hecha y coloca a quienes conjugan un hecho con el otro en una criticable e inadecuada situación ética y moral, mereciendo la censura y el calificativo de aprovechados.