No deja de llamar la atención la no disimulada y, al parecer, concertada campaña contra la abstención, el voto en blanco y el voto nulo. Son varios los columnistas que se han ocupado del asunto y las ONGs que los secundan.
Abstenerse, votar en blanco o anular el voto supone la toma de una decisión. Las motivaciones pueden ser de lo más diferenciadas y, en unos casos más que en otros, manifestación consciente y expresa de inconformidad y descontento así como de rechazo a las propuestas «en contienda». Su significación e importancia es política e institucional, no legal.
En tales condiciones, cómo no preguntarse si no es una aberración jurídica que a la hora del recuento de los votos los únicos que cuentan sean los «efectivos» y que ninguna validez tenga la decisión de quienes no concurrieron a las urnas (por los motivos que sean) y si acudieron optaron por dejar la papeleta en blanco o anular su voto. Son esas perversidades jurídicas con las que el legislador pretende que se ignore una realidad a todas luces evidente. Esto es, que –después de 22 años de la mal llamada «nueva era democrática– las votaciones en Guatemala no dan ya para más y si lo que prevalece es la abstención, los votos en blanco y los votos nulos, la legitimidad y representatividad de las «autoridades» así «electas» es limitada y su mandato deviene en cuestionable además de que, en la práctica, se ejerce en condiciones de evidente aislamiento ciudadano y debilidad institucional.
Dicho en otros términos, un gobernante es legítimo y representativo siempre y cuando cuente con el respaldo y adhesión de una mayoría suficientemente significativa en relación al padrón electoral.
La cada vez mayor tendencia a no concurrir a emitir el voto, hacerlo en blanco o anularlo, es una característica de los cuatro comicios generales últimos y, más aún, en las segundas vueltas.
Además, en al menos dos de las votaciones más recientes, la ciudadanía ha estado ante la disyuntiva de hacerlo por el menos malo o no hacerlo y, en el caso actual, por el menos peor (diferenciación muy significativa e importante, por cierto) o abstenerse.
Cuando lo que importa es la coyuntura no es extraño que ante el fantasma real de un «retorno al pasado», se trate de conformar una opinión favorable a que la forma de evitarlo es viendo en las votaciones del domingo la oportunidad para conservar algún espacio político ignorando que lo que en realidad está en juego es la cuestión del poder político y no la lucha por las migajas de una democracia secuestrada. Equivale a asumir una posición acomodaticia y conformista, complaciente y oportunista.
Viéndolo en perspectiva, no asistir a las urnas, votar en blanco o anular el sufragio es un acto de responsabilidad y compromiso ciudadano que, en tanto le resta legitimidad y representatividad a un gobernante «electo» por una insignificante minoría, en las condiciones y situación actual, pasa a ser el referente natural a organizar, movilizar y unir para enfrentar los peligros reales que en lo nacional e internacional amenazan al país en los próximos cuatro años, quede quien quede.
Por encima de las votaciones del domingo y como consecuencia de los resultados del 9 de septiembre, la gran tarea a emprender desde la izquierda pasa por definir y convenir las bases organizativas, ideológicas y políticas de la alternativa democrática, progresista, revolucionaria y popular en nuestro país.
Caer en la trampa de votar por el menos peor, es prestarse al juego del sistema y avalar que las cosas sigan igual o empeoren aún más.