Ya se ha dicho muchas veces, pero es necesario repetirlo: el problema de sacar al Ejército a las calles consiste en que ellos no están preparados para las tareas asignadas y, en consecuencia, responden a las crisis según la naturaleza propia que han adquirido a lo largo de su formación castrense.
Esto ya lo habían contemplado los Acuerdos de Paz, cuando en el Acuerdo de fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, afirma en el numeral 35 que “la misión del Ejército de Guatemala queda definida como la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio; no tendrá asignadas otras funciones y su participación en otros campos se limitará a tareas de cooperación”.
Desafortunadamente “la cooperación” de la que hablan los Acuerdos de Paz no siempre se da, como ha quedado demostrado en el caso Totonicapán, dado que no existen claros protocolos respecto a la forma de enfrentar las crisis. O más bien, existen protocolos, pero son los que saben usar los soldados llegado el momento.
Esto lo ha reconocido el Presidente y su Gabinete al concluir en una reunión reciente que una de las tareas del Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, consiste en “revisar los protocolos de seguridad”. Es evidente que sí se continuará con la política de mantener al Ejército en las calles, estos deben aprender a responder “civilizadamente” a los desafíos que cada situación les presente.
Que sean del Ejército y tengan su naturaleza propia no los exime, sin embargo, a responder con la irracionalidad que lo hicieron en Totonicapán. De hecho en la página electrónica del Ministerio de la Defensa, al hablar de la formación de los soldados indica que “el sistema educativo militar debe dar contenido con su accionar a los principios y valores supremos de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la búsqueda del bien común, la defensa nacional, la cultura de paz en el marco multiétnico, multilingüe y pluricultural de la nación guatemalteca”.
Pero los soldados hicieron exactamente lo contrario de aquello para lo cual, en teoría, fueron formados. Actuaron nerviosos, empuñaron las armas, amedrentaron a la población y mataron a quienes se propusieron. Luego, por más que diga López Bonilla que las fuerzas de seguridad (el FEP en este caso) es un grupo élite “que posee mística y vocación de servicio”, es lo más absurdo y contradictorio que pudo haber dicho.
Entonces, si no es posible evitar que salga el Ejército a patrullar las calles por las razones que todos conocemos, es imperativo sacar lecciones de Totonicapán para que esos nimios errores (solo ocho muertos, dice Harold Caballeros) no se repitan más. Hay que profesionalizar a la Policía y preparar bien a los soldados según lo apuntado arriba: que asimilen la doctrina del respeto a los derechos humanos.