Una de las más socorridas expresiones estos días es la que llama a apoyar el Estado de Derecho en Guatemala y lo han repetido no sólo personalidades locales sino que dirigentes extranjeros y organizaciones multinacionales que con toda razón se preocupan por su preservación. Y formalmente vivimos en un país donde impera la legalidad y reina el Estado de Derecho, aunque todos sabemos que en la práctica no ocurre tal cosa porque ni siquiera tenemos la capacidad de administrar eficientemente la justicia, no digamos garantizar a los ciudadanos el pleno goce de todos sus derechos, incluyendo el de la seguridad y la vida misma.
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Cuando hablamos tanto de proteger el Estado de Derecho es imperativo que asumamos un compromiso previo, que es el de crear un efectivo y eficiente Estado de Derecho en beneficio de todos los guatemaltecos y ahora más que nunca compete al Gobierno asumir un papel protagónico en el fortalecimiento de las instituciones y el esfuerzo por hacer que impere la legalidad en nuestro medio. Vivimos en medio de una auténtica ley de la selva, donde estamos todos validos a la matatusa y por lo tanto es el derecho del más fuerte el que prevalece en perjuicio del interés y derecho de quienes por su misma condición de debilidad requieren la protección de las leyes.
Yo soy hombre de derecho y creo en la majestad de la ley, pero eso no significa que me engañe creyendo que vivimos en el marco de la legalidad. Por el contrario, cabalmente por la vocación y formación jurídica, uno se da cuenta de cuán débil es nuestro Estado de Derecho y la absoluta necesidad de reconstruirlo de manera radical y profunda. No pretendo descalificar a quienes en sus declaraciones de apoyo a la democracia formal de Guatemala insisten en que no se pueden aceptar soluciones al margen de la ley como las que algunos torpemente han propuesto en medio de esta crisis, sino que me interesa que como ciudadanos reflexionemos sobre nuestra verdad y la contrastemos con lo que en el resto del mundo nos dicen. No hay declaración emitida respecto a la situación actual de Guatemala que no haga alusión al Estado de Derecho y el compromiso de la comunidad internacional con ese valor fundamental.
Pero precisamente porque es unánime la expresión y porque al fin de cuentas lo que todo el mundo señala es que debe velarse por el Estado de Derecho vale la pena que reflexionemos respecto a si en Guatemala efectivamente ya prevalece o si, por el contrario, estamos aún en una etapa previa en la que estamos obligados a construirlo. Respecto a la democracia, el otro concepto reiterado en todos los comunicados, puede haber discrepancias con relación a su profundidad y si la simple elección periódica de nuestras autoridades ya la configura, pero en ese caso la formalidad aguanta, cosa que no podemos decir respecto al Estado de Derecho porque la ausencia real y el vacío permanente afecta todos los aspectos de la vida nacional.
No estoy insinuando que para construir el Estado de Derecho deba haber ningún tipo de manotazo a la Constitución, pero sí que los guatemaltecos tenemos que entender que mientras no hagamos un esfuerzo por convertir al nuestro en un país donde impere la ley, esos llamados que hace la comunidad internacional resultan líricos porque aquí no hay de momento un Estado de Derecho digno de ser protegido. Por el contrario, lo que tenemos es la urgente necesidad de crear un verdadero Estado de Derecho.