Diversas organizaciones de solidaridad con Guatemala y los pueblos indígenas, realizaron una vigilia en Québec, Canadá, como medida de apoyo al pueblo xinca, por la represión que han sufrido por su férrea oposición a proyectos mineros en sus comunidades.
El Proyecto de Acompañamiento Québec-Guatemala (PAQG) recordó que el pueblo xinca, en los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, en Santa Rosa y Mataquescuintla y Jalapa, en Jalapa, se encuentra actualmente bajo un Estado de Prevención, declarado por el presidente Otto Pérez Molina.
Anterior a este, el Ejecutivo había declarado un Estado de Sitio, que a criterio de la organización, buscaba controlar las protestas en contra del proyecto minero instalado en la localidad; desde el 2 de mayo más de 2 mil soldados han ocupado las comunidades xincas y 16 líderes comunitarios han sido detenidos.
Anabella Jiménez, miembro de PAQG, lamentó que el Estado de Sitio, decretado por el Presidente, tuviera como objetivo de defender los intereses de inversiones extranjeras y dijo que éste recuerda las estrategias utilizadas durante el conflicto armado interno.
Por aparte, Marie Domink Langlois, de PAQG, señaló que como organización están preocupados por los derechos humanos del pueblo xinca y por el uso del Ejército en asuntos sociales, en lugar de abrir espacios de diálogo; asimismo, dijo que como canadiense le preocupa ver que las inversiones de su país causen conflictos en Guatemala y los pueblos indígenas son los que más sufren.
Entre las organizaciones que participaron del evento se encuentran el Consejo Tradicional de la Nación Indígena Mohawk, el Círculo de los Pueblos Indígenas de la UQAM, el Comité de Derechos Humanos en América Latina y el Comité por la Justicia Social.
Gustavo Jiménez, del Círculo de las Primeras Naciones de la Universidad UQAM, señaló que los pueblos indígenas están sometidos a planes de extracción de recursos naturales impuestos por el Estado; en tanto Douglas Rodríguez, del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, dijo que para el próximo año está organizado un tribunal en Montreal, para juzgar las violaciones de los derechos humanos cometidos por empresas canadienses.
Previo a que fuera decretado el Estado de Sitio fueron retenidos 23 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por los pobladores inconformes con la actividad minera; unos días antes agentes de seguridad de la mina habían disparado contra un grupo de personas que pasaban por el lugar, 12 de ellas resultaron heridas.
Durante un operativo de rescate de los agentes retenidos se registraron disparos; un elemento de la PNC resultó muerto, así como otros seis heridos; a finales del año anterior fue robada en el mismo lugar una importante cantidad de explosivos pertenecientes a la mina.
Todos estos factores, así como la supuesta presencia de grupos del crimen organizado en el área, llevaron al Ejecutivo a decretar el Estado de Sitio.