Muchos centran todas sus esperanzas en que Estados Unidos responda al problema migratorio otorgando un estatus de protección temporal (TPS, en inglés) y reformando su propio sistema para beneficiar a los indocumentados, pero activistas critican que Guatemala carece de un plan interno para dar mejores oportunidades a quienes desde el exterior envían las remesas que cimientan la economía nacional y superan las divisas de las exportaciones y la inversión.

Cada día, miles de guatemaltecos se ven obligados a abandonar su tierra para buscar fuera empleos que les ayuden a satisfacer sus necesidades y las de sus familias. Esto no sería necesario si su propio país les ofreciera las oportunidades básicas para tener una vida digna.

Esa necesidad ha crecido en las últimas décadas, al punto que cada vez son más las personas que trabajan en el exterior y que con el envío de remesas no solo garantizan el bienestar de su familia, sino que también cimientan la economía nacional.

Una de las mejores muestras del aporte de los migrantes guatemaltecos al país, tanto de los que carecen de documentos como de los que residen en Estados Unidos de manera legal, se percibe en las remesas que recibe Guatemala año con año; para octubre de 2012 estas alcanzaron los US $4 mil millones de dólares según el Banco de Guatemala (Banguat), que proyecta un monto total de US $4 mil 740 millones para fin de año.

De acuerdo con Álvaro Caballeros, analista en temas de migración, lo que el país recibe en remesas supera a lo que percibe por la exportación de sus principales productos agrícolas tradicionales como el café y el azúcar, por separado; en 2011 la exportación del café rebasó los US $1,174 millones de dólares y el azúcar los US $648 millones, mientras que las remesas fueron de US $4 mil 378 ese mismo año. 

Estas remesas favorecen a cerca de un millón 300 mil familias, según Caballeros, en tanto que lo percibido por las exportaciones beneficia únicamente a las familias productoras y a sus trabajadores.

Las remesas también superan a la inversión extranjera directa en el país; en 2010, Guatemala percibió en concepto de inversión extranjera unos US $805.8 millones y en 2011 US $984 millones, mientras que en concepto de remesas recibió US$ 4 mil 126 millones y US $4 mil 378 millones, respectivamente.
 
De esa forma es como algunos analizan y comprenden el fenómeno de la migración como un problema socioeconómico, pero otros, en cambio, lo entienden mejor que nadie cuando viven esa experiencia en carne propia.

Arturo C*, originario de Quiché, luego de graduarse de contador tuvo que migrar a la Capital en busca de una oportunidad para estudiar ingeniería en sistemas en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Aunque logró ingresar a la universidad, únicamente estudió un año y medio debido a que no le alcanzaba el dinero que ganaba para cubrir con todos los gastos, que se dividían entre los costos del alquiler, la alimentación y los servicios básicos del apartamento que compartía con otros cinco universitarios.

“En la ciudad Capital buscas un trabajo, lo encuentras, pero ganas muy poco y no te alcanza para estudiar. Entonces pensé en venir a Estados Unidos por dos años para luego regresar y terminar mis estudios, pero cuando llegué me di cuenta que en una semana ganas unos 500 o 600 dólares y dices “estoy ganando más que un ingeniero en Guatemala”’ y empiezas a pensar diferente”, señala Arturo.

Como Arturo hay miles de personas que se ven obligadas a migrar, principalmente por la situación económica en el país, aunque también hay otras causas, como la violencia o búsqueda de la reintegración familiar.

La organización Mujeres Abriendo Caminos recopila historias similares, particularmente de mujeres, que se ven obligadas a realizar la travesía desde Guatemala hacia Estados Unidos con el afán de proveer de mejores oportunidades para sus familias.

Un caso expuesto es el de Alba Juárez, quien realiza trabajos domésticos y con las remesas que envía puntualmente cada mes mantiene a sus hijos, a quienes lleva seis años sin ver. También está el caso de Ana Cano, quien aparentó ser hombre para que no la violaran cuando cruzaba las fronteras de Guatemala para ir a ver a sus hijos.

Azalea Vásquez, migrante guatemalteca, periodista y cofundadora de la Asociación Mujeres Abriendo Caminos, con sede en California, señala que debido a las condiciones actuales del país, en la que los gobiernos no han podido combatir la pobreza y violencia, muchos guatemaltecos, especialmente jóvenes y mujeres, se ven obligados a migrar. 

Para Vásquez, la migración es un derecho cuando se realiza por voluntad propia y no por obligación, como sucede actualmente, cuando los que migran no saben a qué obstáculos se van a enfrentar al llegar a un país totalmente desconocido, en el que tendrán que sobrevivir en medio de una atmósfera antiinmigrante.

Marcos Yax, presidente de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos (Conguate), considera que los encargados de llevar las riendas del país no han podido garantizar a la población oportunidades para su desarrollo en todos los ámbitos, razón por la que muchos deciden buscar oportunidades en el exterior.

POCA ACCIÓN
Mientras que el Estado guatemalteco pide a Estados Unidos y México un mejor trato para los migrantes y últimamente el TPS, poco se hace en el territorio nacional para detener la masiva migración para los países del norte, pues se estima que unos 120 mil guatemaltecos dejan el país anualmente, de los cuales casi 70 mil son deportados.

Luis Salazar, originario de Ipala, Chiquimula, quien ahora vive en Washington y trabaja con diversas organizaciones promigrantes en la política migratoria guatemalteca, señala que el Estado guatemalteco exige respuestas a Estados Unidos, pero no plantea soluciones internas.

“Yo tengo 25 años de estar en los Estados Unidos y creo que el gobierno guatemalteco ha hecho muy poco por esta población, empezando con informar sobre los riesgos que ellos podrían atravesar al aventurarse a migrar”, indicó Salazar, quien migró al país norteamericano en 1987, durante la época del conflicto armado.

Salazar, que pertenece a varias organizaciones promigrantes, entre ellas la Asociación Primaveral, señala que tampoco se ve un progreso para que las personas encuentren una segunda opción para satisfacer sus necesidades primarias.

Erasmo Morales, presidente de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), quien reside en Nueva York, dijo que la migración se detendrá cuando se creen las condiciones de desarrollo y existan oportunidades para los guatemaltecos, pero pareciera que cada vez se complica más la situación económica y social en la nación.

“Es evidente que se ha descuidado mucho el país, no hay programas de desarrollo económico, se dan concesiones a empresas extractivas y no se aprovechan los recursos que hay en Guatemala sino que lo explotan otras naciones; lo que se hace es complicar más la vida de los guatemaltecos”, señaló Morales.  “Es porque no existen las condiciones idóneas para vivir que una gran mayoría opta por migrar y a eso se suman los problemas de violencia”, agregó.

Por su parte, Yax señala que en el país no se impulsan programas específicos para los jóvenes, en donde se les enseñe a ser emprendedores, sino que únicamente los preparan para la productividad, y por eso muchos se gradúan y se encuentran desempleados. El representante de Conguate considera que es responsabilidad tanto el Estado, como de la sociedad, crear las condiciones para que los jóvenes puedan optar por empleos y estar más calificados para los mismos.

Elisabel Enríquez, de la Mesa Nacional para las Migraciones (Menamig), indica que se tiende a pedir mejores condiciones para los guatemaltecos en el exterior y eso está bien porque necesitan atención, pero, ¿qué hace el Estado?

“Por ejemplo, la petición del TPS la apoyamos y queremos que haya un cabildeo para eso, pero para los miles de deportados pedimos que haya una reinserción en la sociedad”, dijo Enríquez, que junto con Menamig insiste que Guatemala debe desarrollar una política pública migratoria para detener este fenómeno. 

Esta política debería tomar en cuenta que Guatemala es un país de origen, de tránsito y de destino de migrante; estos últimos afrontan en el territorio nacional los mismos problemas que los connacionales en Estados Unidos, la falta de educación, de servicios, acceso a la justicia, la irregularidad de su situación migratoria e incluso la xenofobia, señala la activista.

POSIBLES RESPUESTAS 
De aprobarse un TPS para Guatemala representaría un gran alivio para los casi 800 mil guatemaltecos indocumentados en Estados Unidos y un enorme beneficio para sus familias en Guatemala.

Sin embargo, solo sería un alivio temporal y únicamente beneficiaría a los guatemaltecos que ya se encuentran en territorio estadounidense, no así para los que aun tratan de buscar en otros países lo que no encuentran en el país.

Vásquez, de Mujeres Abriendo Caminos, considera que si el gobierno quiere disminuir las migraciones debe poner atención a lo que la población exige en temas como educación, combate a la pobreza, reacción a la violencia extrema y la atención a los migrantes; indica que son preocupantes las noticias que llegan a Estados Unidos sobre Guatemala como la última masacre ocurrida en Totonicapán, los desalojos o los cientos de asesinatos de mujeres que ocurren anualmente.

Por su parte, Morales de la RPDG, dice que el gobierno debería generar fuentes de empleo, tratar de no favorecer solo a los monopolios con las concesiones de proyectos, facilitar el acceso a la tierra y a créditos. “Es un programa muy ambicioso, pero sí puede hacer mucho en Guatemala”, indicó Morales.

Caballeros considera que Guatemala debe desarrollar políticas públicas que fomenten el desarrollo rural integral, que considera clave porque la mayor parte de la gente que se va es del área rural, así como generar condiciones de autosuficiencia en la población en lugar de regalar fertilizantes y bolsas de alimentos, para que pueda satisfacer con su trabajo necesidades vitales como la alimentación, vivienda y vestuario, entre otros.

*Nombre modificado