Tomar las instalaciones del Puerto Quetzal, paralizar las grúas y amenazar con boicotear las operaciones del puerto es ilegal, no cabe duda. ¿Cómo calificar la “güizachada de cuello blanco” que desembocó en un normativo especial para tratar una concesión pública, contemplada en la Ley de Contrataciones del Estado, como un usufructo que se reguló de manera más amplia en un acuerdo de la portuaria?
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Que los pobladores que están inconformes con la instalación de una mina retengan a policías es totalmente ilegal. ¿Cómo calificar el hecho que en Guatemala, las mismas compañías se estaban quejando que les estaban pidiendo unas “mordidas” estratosféricas para la autorización y otorgamiento de licencias de exploración y/o explotación? Tras esas quejas, ¿qué habrá pasado que repentinamente el Gobierno anuncia el otorgamiento de licencias a entidades privadas para la exploración y/o explotación de recursos naturales y éstas, anuncian, de buena voluntad, el aumento de las regalías?
Hago las preguntas anteriores, porque el peor problema de una sociedad radica en que quienes deben predicar con el ejemplo no lo hagan y resulta nefasto para el Estado de Derecho de un país que sus autoridades se acojan a la impunidad, pero apliquen severamente la ley a quien disiente.
Y eso pareciera venir ocurriendo en Guatemala donde el Gobierno ha venido transgrediendo cualquier límite con tal de cumplirle a quien le debe, a quien le financió o a quienes les sirven para hacer negocios. A nuestras autoridades ya no les importa, con el afán de justificar el uso de la fuerza y la supresión de garantías constitucionales, poner al Presidente, quien es la máxima autoridad, a decir una cosa para que cuatro días después, su Ministro de Gobernación salga diciendo que siempre no, que lo que dijeron no es así, porque no hay tales zetas detrás de las protestas a un proyecto minero.
Ya sabemos que en la política muchas cosas se mueven tras el telón y hemos aprendido, a través de la historia, a poner en tela de duda todo lo que digan nuestras autoridades porque han existido ejemplos claros para deducir que lo que nos dicen es una fachada, una simulación para enmascarar las cosas que pasan en la realidad; y que la gran mayoría de ciudadanos ni siquiera llegan a reparar, no digamos darse cuenta o entender el porqué de las cosas.
La Hora ha venido denunciando y desnudando, desde hace décadas, un sistema perverso que no sirve para proteger al ciudadano honrado, pero que sí es eficiente para proveer negocios, influencias, poder e impunidad a favor de los pícaros y sinvergüenzas. Y lo anterior se ha ido evidenciado de una manera más marcada, como consecuencia de la desfachatez en que se hacen los negocios y con la criminalización de todo aquel que no esté de acuerdo con el régimen, sus actores y negocios. Por eso Joviel ahora es amigo, no opositor.
Y con todo lo anterior, no digo que no haya ilegalidades de quienes se puedan oponer, solo digo que tire la primera piedra quien esté libre de pecado, porque de lo contrario se convierte en una guerra de ver quien es menos malo o quien, a través del poder o medidas de hecho, logra salir ganando en un campeonato de ilegalidades.
Entonces, ¿cómo puede un país salir adelante si quienes deben ser garantes se convierten en malhechores? Y el problema es que todo se resume en lo que nos dijo un inconforme de Jalapa: “Estamos claros que retener policías es ilegal, pero con qué cara nos dice el Gobierno que estamos violando la ley, si ellos la violan todos los días con los negocios que hacen? ¿Quién se encarga que a ellos sí les caiga la viga de la justicia por todo lo que hacen, si hay un Ministerio Público que por incapacidad o complicidad, contra ellos no mueve un dedo?”.
No hay duda que en Guatemala se está ordeñando lo poco que nos queda y que los ánimos están siendo exacerbados por esa voracidad para los negocios, que va acompañada por una “eficiente” aplicación de la ley para quienes se oponen.
Viviríamos otra realidad, si nuestras autoridades no tuvieran como única agenda hacer negocio y procuraran que en Guatemala haya más obra e inversión en la gente y no solo sobra para los políticos y sus aliados, parafraseando al ex de la OIM.