Analistas aplauden la decisión de Pérez Molina de ordenar que se deje a la Contraloría para que fiscalice el Registro de la Propiedad, como parte de una línea de transparencia. Aunque la Contraloría no ha sido la institución más eficiente, se debe respetar la línea de la jerarquía y las funciones de los contrapesos del Estado.

Aplauden la decisión de incluso analizar si se deroga el acuerdo gubernativo, o el inciso, que ordenaba a otra institución fiscalizar al Registro, y rechaza todo argumento que busca retorcer e impedir la transparencia.

Sobre este suceso, Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), opinó que se estaba haciendo una mala interpretación de lo que es la autonomía y el manejo de los fondos públicos.  “El Registro de la Propiedad no funcionaría si no estuviera enmarcado dentro de la estructura política del Gobierno de Guatemala”, señaló.  “Por el hecho de que ellos no son una empresa privada, en el Registro de la Propiedad, se juegan poderosos intereses y las escalas salariales de algunos de los operadores dentro del Registro, supera varias decenas de miles de quetzales”, agregó.  Maul, aplaude la decisión de Molina, pues si están sucediendo cosas fuera de la ley, deben ser conocidas por la población.

“En un sistema antiguo, el Registrador General de la Propiedad cobraba una comisión por cada operación que se hacía; en esa época el contralor devengaba salarios sumamente elevados, también se había establecido que los mismos cobradores recibían comisiones.  Esto es ser una organización privada, manejada con fondos públicos” citó Maul, al indagársele sobre el supuesto de la negativa inicial de la Registradora. “Si la fiscalización revela que existen malos manejos o estructuras salariales con privilegios, se deberá hacer que funcionan otras dependencias del Estado” agregó.

A pesar de que la semana pasada los conflictos por la fiscalización, como por ejemplo cuando los auditores de la Contraloría fueron recibidos con moñas negras y una campaña de desprestigio contra la titular de esa cartera, Nora Segura; la contraloría asegura que continuará en la labor.

Carlos González, analista de la Asociación de investigación y Estudios Sociales –ASIES–, también opina que la decisión del Presidente fue acertada, y que concuerda con el contexto de transparencia en el manejo de la administración y gasto público, que Pérez viene promoviendo, en esta línea señala que “sería una contradicción que ahora hubiese una excepción, de que alguna institución no pudiera ser fiscalizada”.

El Registro ha suministrado todo lo necesario para que la Contraloría se instale a pesar de la falta de espacio que se tiene en el edificio, además se les ha dado el equipo necesario para su comodidad.

Los analistas concuerdan que esta es una decisión que aportará confianza en la población en cuanto a la transparencia de las instituciones.