El Ministerio de Gobernación (Mingob) anunció un plan de desarme, en el cual se analiza la posibilidad de implementar estados de excepción en algunos sectores del país, donde se sabe de la proliferación ilegal de armas de fuego. El Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) considera positiva la medida de recolectar las armas ilegales, pero no de implementar estados de excepción.

La sección de inteligencia de la Cartera del Interior ultima detalles para implementar una estrategia de despistolización en todo el país.  Hasta la fecha no hay estadísticas de cuántas armas circulan en el mercado negro, según la agencia oficialista AGN.

Ayer el titular del Mingob, Mauricio López Bonilla, dijo en la presentación del informe sobre “avances” en materia de seguridad, que tras un año de trabajo de inteligencia, buscan enfocarse mejor operativamente hacia las áreas donde se tiene conocimiento de estructuras criminales que delinquen.

El ministro admitió que podrían ocurrir “momentos traumáticos”, como respuesta de los grupos delictivos que reaccionan para bloquear las acciones de las autoridades.

Según AGN, el proyecto de desarme podría incluir estados de excepción para realizar cateos masivos en regiones como la Costa Sur y la zona fronteriza con México, donde se registran altos índices de muertes violentas.

De acuerdo con la información, una vez confiscadas las armas se procederá a su destrucción, después de ser utilizadas como evidencias físicas en un proceso penal.

CONFORMAR COMISIÓN
Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), dijo que ven positiva la intención del Mingob y del Ejecutivo de recolectar las armas ilegales, sin embargo, califica de “lamentable” un estado de excepción, que limita varios derechos ciudadanos.

La entrevistada propone conformar una comisión donde participen representantes del Organismo Judicial (OJ), que es uno de los entes que ha concedido libertad a personas que portan armas o lo hacen de forma ostentosa; así como al Organismo Legislativo que es de quien también dependería la aprobación de un estado de excepción; y la sociedad civil, para que en conjunto con el Ejecutivo encuentren un mecanismo para sacar las armas ilegales de algunos sitios, sin limitar los derechos.

“Proponemos una comisión de alto nivel, donde también participe el MP, el OJ, el Legislativo y la sociedad civil, para enfrentar el tema”, indicó de León.

VIOLENCIA ARMADA
Análisis de diferentes instituciones indican que el 90 por ciento de muertes violentas en el país, ocurren por arma de fuego.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y Iepades, coinciden en que las armas cortas son las que más se utilizan para cometer crímenes.

Según ambas instituciones, el armamento que prevalece son las pistolas 9 milímetros, .40 y revólveres.

Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) refieren que en la actualidad hay grupos delictivos que rentan armamento de todo tipo.  Las últimas investigaciones indicaban que el precio por alquilar un arma es de Q300 a Q1 mil.