Armando Soto, explicó que más de dos mil motoristas serán representantes de miles de conductores que hay en el paí­s y que están siendo afectados en lo social y económico, porque se han duplicado los riesgos de sus familiares al andar en camioneta y la duplicidad de gastos que ocasionó la prohibición.

La comisión gubernamental encargada de negociar ha ignorado las necesidades de los motoristas y más aún Raúl Velásquez, ministro de Gobernación, que un dí­a ofrece retirar la medida y al siguiente tiene otro discurso, mientras que la esposa de un motorista ya fue violada por viajar en bus y un menor de edad fue herido con arma blanca.