Luego de la reunión sostenida con representantes de los tres poderes del Estado, miembros de diversas comunidades indígenas lograron varios compromisos de los altos organismos.
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Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), indicó que con el Ejecutivo acordaron la revisión de licencias mineras, y revisar los impactos que genera la instalación de la cementera en San Juan Sacatepéquez, así como la mina Marlin en San Marcos.
En tanto del Organismo Judicial, recibieron la promesa de revisión de casos como el de Ramiro Choc, dirigente campesino de Lívingston y los capturados por disturbios en San Juan Sacatepéquez.
Finalmente, con el Legislativo conformarán comisiones técnicas para revisar leyes nocivas a los pueblos indígenas y para promover la iniciativa de ley de desarrollo rural.