Juzgado anuló proceso de extinción del dominio de diez fincas que supuestamente eran propiedad de Juan Alberto Ortiz, alias Chamalé, por considerar que existió violación al derecho de defensa y que el Ministerio Público (MP) incurrió en errores al iniciar la acción.

Esta mañana el Juzgado de Extinción de Dominio anuló todo lo actuado dentro de la acción que pretendía extinguir a favor del Estado diez fincas que estarían vinculadas con Ortiz, quien es acusado de ser un capo del narcotráfico y que se encuentra sujeto a un proceso de extradición.

“Se hace evidente e imperante la necesidad de la enmienda del procedimiento al existir violación constitucional al derecho de defensa; se considera la negligencia y carencia de una investigación efectiva previo a la presentación de la acción de extinción de dominio”, indicó la jueza Isabel Guerra.

De esa cuenta señaló que el caso regresa a la etapa en que se encontraba el pasado 3 de diciembre, cuando el MP hizo la solicitud de embargar los bienes inmuebles del supuesto narcotraficante.

Guerra dijo que en el proceso se evidenció que existieron errores de investigaciones por parte la Fiscalía y malas operaciones del Registro de la Propiedad, al no presentar documentos actualizados sobre el estado de las fincas.
El ente investigador tiene tres días para apelar el fallo o presentar acciones de inmovilización ya que con la resolución las actuales medidas cautelares quedaron sin efecto.

En el Juzgado de Extinción de Dominio el MP buscaba que fueran declaradas a favor del Estado 10 propiedades, que según la información están ubicadas en Ocós, San Marcos, y que suman dos millones 657 mil 524.56 metros cuadrados, que equivalen a 59 caballerías.

Las pesquisas refieren que las propiedades no están registradas a nombre de Ortiz, sino que aparecen inscritas a favor de Carlos Alberto Ramírez Reyes. El MP afirma que Chamalé utilizó a otras personas para encubrir las propiedades.

SE PRONUNCIA

Por otro lado, Chamalé, por medio de un Campo Pagado manifestó  que se encuentra ilegalmente privado de su libertad desde el 30 de marzo de 2011, por orden de detención de Estados Unidos, que lo acusa del delito de conspiración para traficar cocaína.

“La orden fue arbitraria e ilegal, no hay pruebas evidentes y suficientes”, afirmó. Por otro lado aseguró que han surgido rumores que refieren que tratará de fugarse, pero acota que no es su ´intención”.

“No es y nunca fue mi intención escapar o que hayan personas que me quieren rescatar, son simples rumores, sin fundamento, es a mí en primer lugar a quien le interesa que se aclaren las acusaciones formuladas en mi contra, no es mi naturaleza esconderme, lo hubiera hecho desde el principio”, manifestó Ortiz.