Contra las votaciones generales del domingo conspira un conjunto de factores a los que es necesario referirse para responder con objetividad cuál puede ser el desenlace necesario para salir de la situación en que se encuentra nuestro país después de 21 años, (1986-2007), de la llamada apertura democrática y 32 de gobernantes castilloarmistas o muy parecidos a ellos, y de regímenes militares de fuerza impuestos o resultado de golpes militares de Estado, (1954-1986).
Lo primero, es la falta de autoridad y pérdida de confianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Por un lado, el TSE no ha jugado el papel que le corresponde y, por el otro, los partidos políticos no acatan y hasta se rebelaron ante sus disposiciones tomadas a destiempo, y -hay que decirlo sin ambages- como para que no se cumplieran. También se le señala de estar envuelto en escándalos de corrupción.
Otro factor es la apatía y desánimo ciudadano a causa de la proliferación de candidaturas y partidos sin ideología, identidad e independencia, salvo una u otra marginal y aislada excepción, y la carencia de «programas de gobierno».
Además, la ciudadanía está cansada, insatisfecha y rechaza que cada cuatro años se solicite su voto no para elegir, sino refrendar lo que ya está decidido en las altas esferas del poder económico y financiero, los medios de comunicación «más influyentes», las distintas facciones de la delincuencia organizada, y los capos del narcotráfico y la corrupción pública y privada.
De aquí al domingo, durante ese día y después, las votaciones podrían verse perturbadas por hechos que se pudieran dar, además de la inseguridad prevaleciente y la violencia electoral recrudecida, los torrenciales aguaceros de estos días y los considerables daños que podría ocasionar el huracán Félix.
Los apagones, son un riesgo real; la alteración de resultados en los lugares apartados, la denunciada falsificación y duplicidad de cédulas de vecindad, y que en áreas conflictivas se propicien disturbios, lo es también.
Lo cerrado de la primera vuelta entre los dos «punteros» -una estratagema para influir en los votantes- da pie a pensar que pudiera arder Troya si no fuera así o que a la hora del recuento se excluyera a uno y apareciera otro.
El ofrecimiento gubernamental de pagar a las PAC lo que se les «adeuda», es una burda compra de votos de último momento que no favorece al candidato oficial.
Lo cierto es, entonces, que estas votaciones levantan serias dudas alrededor de la democracia que institucionalizaron los constituyentes de 1985 asegurando así la alternabilidad y continuismo de quienes representan y defienden los intereses de «ese 0.5% de la población -que dispone del capital, de los recursos y de los medios de producción» y que en realidad es el que decide «qué candidato es el indicado» para gobernar el país. (Prensa Libre, TRIBUNA, Martín Rodríguez Pellecer, Guatemala, 28 de agosto de 2007).
De lo anterior se deduce que la democracia en Guatemala es una más de las formalidades jurídicas de que está plagada la institucionalidad y el régimen de legalidad. En nada beneficia a la mayoría de la población; al contrario, la excluye de los beneficios económicos y sociales. En ese marco, los observadores tanto internacionales como del país, verificarán una farsa, un engaño, un espejismo y, por supuesto, la avalarán.
En consecuencia, las votaciones hay que convertirlas en una manifestación de rechazo ciudadano y popular.
No se trata de abstenerse.
Hay que ir a votar y anular el voto, y -de esa manera-, cuestionar el modelo económico y social caduco y el sistema político e institucional en que se asienta.
Esa es mi posición y decisión.
Es, además, como entiendo el ejercicio legítimo del derecho a la desobediencia civil y anticipo de la revocatoria de mandato de quien no cumple con los deberes y obligaciones del cargo, se excede en el ejercicio de sus atribuciones y pierde autoridad.