La propuesta de anteproyecto de Ley de Desarrollo Rural Integral, promovida por organizaciones indígenas y campesinas, fue aprobada recientemente mediante el proceso de diálogo que busca la resolución de conflictividad agraria y ambiental, el cual se lleva a cabo con representantes de Gobierno.
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El pasado 30 de octubre, representantes del Gobierno y miembros de la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI), quienes participan en el proceso de diálogo por el Desarrollo Rural Integral y la Resolución de Conflictividad Agraria y Ambiental, acordaron la aprobación de las últimas modificaciones a la propuesta de iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral.
Rafael González, subcoordinador de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), estimó que la misma será entregada al presidente de la república en la tercera semana de este mes.
ADRI expuso cuatro puntos como ejes fundamentales a incorporar en las últimas modificaciones al anteproyecto, principalmente se concentran en el fortalecimiento de la institucionalidad.
Uno de los planteamientos, es la creación de una Secretaría de Asuntos Agrarios, mediante un Decreto Ley del Congreso de la República, la cual quedaría adscrita al Ministerio de Desarrollo Rural Integral que se propone implementar como ente responsable de coordinar y ejecutar la Política y el Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral.
La mencionada Secretaría no pasaría a formar parte del Gabinete de Desarrollo Rural Integral (DRI) -conformado por ministerios, secretarias y fondos sociales relacionados con el desarrollo rural-, el cual tendría a su cargo la aprobación de la Política y el Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral.
Otra de las disposiciones que se contempla dentro de la iniciativa es la instauración de una unidad técnica interinstitucional, la cual sería la ejecutora. La misma deberá ser creada por el Gabinete de Desarrollo Rural Integral; las especificidades sobre el funcionamiento de la misma estarían detalladas en el reglamento de la mencionada ley.
A criterio de González, una de las partes prioritarias recientemente incluidas es la que se refiere al tratamiento que debe dársele a la deuda agraria de la región chortí y la conflictividad agraria, cuya resolución debe estar contemplada como una función del Estado dentro de la Ley, así como su tratamiento prioritario.
La aprobación del anteproyecto actual requeriría reformas en el contenido de varias leyes actuales, entre ellas:
Modificaciones a la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República.
Reforma al Decreto número 51-86, de la Escuela Nacional Central de Agricultura.
A la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA), decreto 101-70.
También se efectuarían modificaciones a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Agrícola, a la Ley del Registro de Información Catastral y la Ley Forestal.