Anteayer abordé algunas de las propuestas del Movimiento Nueva República referentes a las eventuales modificaciones al régimen electoral y de partidos políticos, que, según el criterio de esa nueva organización social demócrata, debería anteponerse a cualquier reforma constitucional que, en todo caso, “no debe encomendarse a los políticos corruptos y tradicionales que actualmente ostentan el poder”, porque para que redunde en la vigencia real del Estado de Derecho, la consolidación de la República y el cumplimiento de los fines que se persiguen, “Necesita emanar de entes legítimos y legitimados que representen los genuinos intereses nacionales”.
De acuerdo con la tesis del MNR existen suficientes elementos de juicio para determinar que quienes han dirigido los destinos del país durante las recientes décadas no saben, no pueden ni aspiran a resolver los problemas nacionales, que en vez de solucionarse se agravan constantemente, porque los “políticos corruptos y tradicionales se han convertido en los principales violadores del pacto social”.
Coincido con ese colectivo integrado mayoritariamente por jóvenes obreros, campesinos, estudiantes, profesionales y pequeños y medianos empresarios en lo que atañe a que en la actualidad el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales se ha convertido en un grave problema de Estado de impredecibles consecuencias para el débil, deteriorado y manoseado dizque sistema democrático representativo, a causa de varios factores, especialmente la falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas de la clase política y de sus millonarios financistas, para granjearse favores y privilegios, fundamentalmente contratistas de obras y servicios públicos, que viven de la corrupción, e incluso “la presencia del crimen organizado y del narcotráfico” en la actividad de los partidos.
Esta defraudación y deslegitimación es consecuencia -precisa el MNR- de la legislación electoral vigente, en vista de que las reglas que desarrollan el desacreditado modelo favorecen a los políticos corruptos y que se han enquistado en los organismos del Estado, sobre todo en el Congreso, y les garantiza sus posiciones privilegiadas y continuistas.
En vista de ello, la iniciativa de reforma constitucional no puede ser endosada a políticos que carecen de ideología y principios, caracterizados por “el transfuguismo y el nepotismo” -enfatiza el MNR-, y de ahí que la meta de esta nueva organización es luchar por una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos “Para recuperar la democracia y posteriormente reformar la Constitución, a fin de establecer la República social, democrática y pluricultural que nos merecemos”.
Si se alcanza ese objetivo -puntualiza-, se podrán cambiar las relaciones vigentes de poder, “propiciando la convivencia pacífica, el desarrollo económico, la justicia, la equidad, las oportunidades económicas, sociales, culturales y educativas y la realización digna del ser humano” en Guatemala.
De no lograrse la reforma del sistema electoral y político, presagia el MNR, persistirán los privilegios de los sectores tradicionales de poder, la dependencia del régimen de justicia a los intereses de la aborrecida clase política, en el entendido de “que las Constituciones en la práctica se agotan por su inaplicación, disfuncionalidad y deslegitimación”.
(El escéptico Romualdo Tishudo le dice a un activista del MNR: -Hablar no cuesta dinero, salvo cuando lo hacen desfogados, demagogos y locuaces diputados al Congreso).