El presidente Otto Pérez Molina públicamente ha presentado, socializado o cabildeado la propuesta de reforma constitucional, que elaboraron los siete miembros de la comisión ad-hoc que él personalmente escogiera, ante representantes de los empresarios organizados, rectores, decanos, académicos de las universidades del país, secretarios generales y miembros de comités ejecutivos de los partidos políticos representados en el Congreso.

Como antecedentes a esta propuesta de reforma, recordemos que la actual Carta Magna, concebida y promulgada por una Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de mayo de 1985, fue elaborada por diputados constituyentes, electos a propuesta de tres partidos políticos que ya no existen.

Este texto constitucional se consideró para el momento de su promulgación como adecuado, aun cuando contenía normas pétreas y que además sus creadores, sin un mandato expreso ni antecedentes en la historia constitucional del país, establecieron que cualquier reforma a la Carta Magna tenía que hacerse por una Asamblea Constituyente si se pretendía modificar el capítulo I del título II de la Constitución, o por el Congreso de la República, con voto afirmativo de las dos terceras partes de los diputados y posteriormente una consulta popular, si se modificaba el resto de su articulado.

Hay que considerar que como consecuencia del Serranazo, en 1994 se modificó  la Constitución en 43 artículos, lo cual se efectuó vía Congreso y Consulta Popular que la aprobó.

También no debemos olvidar que derivado del Acuerdo Sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, suscrito por el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, se envió una propuesta de reforma constitucional al Congreso, quien la adicionó y propuso modificar 34 artículos en mayo de 1999, consulta que los votantes, con una diferencia del 15% a favor del no, rechazaron.

Ahora que se ha conocido la actual propuesta del presidente Otto Pérez Molina, de reforma constitucional de 52 artículos, llama la atención que la misma carece de exposición de motivos, de fuentes que justifiquen y expliquen por qué cada uno de los artículos que la propuesta contiene y propone modificar, aun cuando el formato de la propuesta está dividido en tres columnas, la primera con el texto vigente; la segunda, la propuesta de reforma y la tercera de observaciones está en blanco,  por consiguiente hace que no se sepa el propósito o la razón concreta de modificar o adicionar el texto constitucional.

Todo jurista, al igual que todo buen legislador sabe que sin una fuente; es decir, sin una exposición de motivos, no se sabe por qué se propone el texto de un artículo en una ley. Esta enorme deficiencia puede tratar de justificarse argumentando que la comisión ad-hoc, integrada por siete personas escogidas por el Presidente, la mayoría no son juristas, tampoco son legisladores, podría incluso decirse que no es necesario que la ciudadanía analice, elucubre o cuestione los pros y contras de modificar cada uno de los artículos, también al no tener exposición de motivos puede ser que igual que una norma que se aprueba de urgencia nacional, se pretenda no entrarse a la discusión, al análisis de la ley y que sólo se apruebe como pasó con la reforma fiscal.

Por consiguiente, los grupos ante quienes se ha socializado la propuesta tienen que decidir aceptarla a ciegas o requerir que previo a ser enviada al Congreso se justifique y explique.
¡Guatemala es primero!
Continuará.