La renuncia del doctor Carlos Castresana como Director de la CICIG es, fundamentalmente, una gran baja para la lucha contra la impunidad. También profundiza la poca credibilidad del gobierno, el cual debió haber hecho hasta lo imposible por evitar la pérdida del impulso que la CICIG había logrado en los pasados meses. Además, muestra cómo el Estado de Guatemala sigue su marcha, ahora acelerada por los desastres naturales y la anticipada campaña electoral, hacia su condición de estado fallido. Para la ONU, constituye gran reto de hacer valer el convenio suscrito con un gobierno que ha demostrado que ante presiones de los poderosos no tiene la capacidad o la voluntad política de cumplirlo. Para la gente honrada de Guatemala, que a diario sufre violencia y corrupción, el tropiezo de la CICIG es un motivo de desesperanza y frustración.
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Desde luego, también se ha prestado el hecho para que personas con intereses ocultos ataquen a la CICIG y a Castresana. Entre los venenosos artículos que he leído se destaca el de Mario David García, quien con la mejor práctica de la CIA combina mentiras y verdades a medias para sembrar la desconfianza sobre los motivos de la renuncia. En la Guatemala que vivimos, basta echar a rodar el rumor para que nuestra población termine aceptándolo como «verdad». Así, García intenta tomar revancha por la investigación de la CICIG sobre el asesinato de Rosenberg, la cual todavía debe dilucidar qué papel jugó dicho periodista para intentar derrocar a Colom hace un año. Al intentar afectar la imagen de su Director, se quiere desvirtuar las conclusiones a las que pueda arribar la CICIG y afincar la propia impunidad. No debemos distraernos, los señalamientos de Castresana son muy graves. Es un momento en el que las Naciones Unidas deben apostar con mayor énfasis a la CICIG. Si se le ha bloqueado y se le ha atacado con tanto furor es porque, pese a lo limitado de su mandato, empieza a hacer mella en los factores de la impunidad. Sin embargo, la falla fundamental de esta lucha es que las estructuras guatemaltecas encargadas de enjuiciar a los responsables de los crímenes continúan siendo penetradas. El Secretario General debe buscar un reemplazo de Castresana de la misma manera que se buscó reemplazo para Christian Tomuschat cuando los sectores duros del Ejército presionaron para que dejara de ser el experto independiente para Guatemala. Se nombró a Mónica Pinto, quien resultó ser tan firme y más directa aún, por ser latinoamericana, que el jurista alemán. Pero la ONU no se debe quedar solamente en el reemplazo adecuado del director; debe condicionar también la remoción de Conrado Reyes al frente del Ministerio Público y el nombramiento de una persona aceptable a la sociedad civil. Aclaro que esto no significa que Reyes sea, necesariamente, culpable de todo lo que se le acusa; corresponderá a la justicia demostrarlo. Una decisión administrativa no requiere demostrar culpabilidad o no, y menos en nuestro reino de impunidad, sino se fundamenta en la defensa del bien común; de hecho, Reyes tendría que haber renunciado ya. Colom no tiene opción, con el fin de mantener la posibilidad de lograr justicia en Guatemala, debe nombrar a una persona que goce de la confianza de quienes claman por justicia.