La comunidad internacional que condenó el golpe de Estado en Honduras vio con esperanza el diálogo entre el gobierno legítimo del presidente Zelaya y la fuerza antagónica, con la mediación del presidente Arias. Se pensaba que habría una salida diplomática a la crisis y que el pueblo hondureño podría retornar a la vida normal. Queda claro que los golpistas solamente querían ganar tiempo, para tratar de quebrar la resistencia de los sectores mayoritarios de la población hondureña. Esa intransigencia exige el aumento de las medidas de presión sobre los usurpadores del poder.
Por un lado está la resistencia del pueblo hondureño, dispuesto a pasar vicisitudes de todo tipo y a enfrentar más medidas represivas. Está en marcha un proceso de insurrección, en uso legítimo del derecho de los pueblos a la rebelión, el cual tratará de utilizar todas las vías de la resistencia pacífica, como la huelga general convocada para el 23 y 24 de julio. No obstante, frente a la fuerza bruta, como ocurrió el 20 de octubre de 1944 en Guatemala, la ira de un pueblo reprimido puede desbordarse.
A quienes nos solidarizamos con el pueblo hondureño nos corresponde contribuir al máximo aislamiento de los golpistas. Pese a la campaña mediática para intentar justificar el golpe de Estado y a la mordaza a muchas de las noticias sobre la represión en Honduras, se observa lo de siempre: la alianza de los grandes ricos, las cúpulas militar y de partidos políticos y los intereses económicos y políticos de sectores de Estados Unidos. Es contra estos grupos que tenemos que actuar.
Debemos exigir más acciones de nuestros gobiernos para aislar a los golpistas. Fracasado el diálogo en Costa Rica, es el momento de cerrar definitivamente las fronteras al comercio, con excepción de alimentos y medicinas. Tanto el BCIE como el BID deben suspender préstamos y pagos, tal como lo ha hecho la Unión Europea y como se espera que haga Estados Unidos, y los mecanismos de integración centroamericana deben dejar en suspenso a Honduras hasta que sea reinstalado el presidente Zelaya. Aun las Asociaciones de Procuradores de Derechos Humanos de Centroamérica y de Iberoamérica tienen la obligación moral inmediata de excluir de ellas al Dr. Ramón Custodio, Ombudsman de Honduras, quien se ha plegado al golpe y abandera campañas de difamación contra el gobierno de Zelaya, al tiempo que guarda profundo silencio sobre las violaciones de los derechos humanos en ese país y acepta el rompimiento del orden constitucional.
Los ciudadanos de otros países también podemos contribuir. Circula ya una lista de casi 50 personas responsables del golpe, tanto militares como civiles, y debemos garantizar que ninguna de ellas sea recibida ni en refugio ni de visita en nuestros países, incluido Estados Unidos. Se identifican también todas las empresas exportadoras de Honduras para aplicarles un boicot internacional, así como todas las empresas estadounidenses con negocios en Honduras, cuyos productos serán bloqueados en los mercados de Estados Unidos. La arrogancia y la intransigencia de los golpistas encontrará su límite en la bancarrota económica y el aislamiento político y, principalmente, en la resistencia y la lucha del valeroso y digno pueblo de Honduras.