Cuando se habla de «depuración» como la válvula de escape y opción solucionadota a la crí­tica situación que estamos viviendo, lo que se pone de manifiesto no es más que una medida paliativa que hará entrar en «suspenso» a la verdadera solución de esta problemática. Si se implementase la llamada «depuración» como a finales de 1993, se habrá de postergar, quizás para otros 10 ó 15 años, la verdadera búsqueda de una solución de fondo a la crisis estructural del Estado y de la sociedad guatemalteca.

Nunca gobierno alguno en nuestra trayectoria republicana habí­a encontrado un conjunto de escenarios tan complejos, complicados y que representan enormes desafí­os. La crisis económica mundial, la puja de los poderes paralelos que se esconden tras el narcotráfico, el contrabando y la criminalidad organizada, amén de una penetración institucional en aquellos entes creados para contenerlos, son al menos las aristas notorias que hacen complejo el mandato del Presidente Colom.

Si a este cuadro le agregamos la sempiterna y obstinada actitud oligárquica a no mirar más allá del interés de sus propias narices, con un conjunto de poblaciones en condiciones paupérrimas, casi insólitas para un paí­s con el potencial de riqueza que el nuestro posee. Ahora aumentado ante la evidencia del obsoleto sistema legal que norma el desempeño de lo público y lo polí­tico, reflejado en la frágil institucionalidad pública y ensombrecido con la indiferencia del capital privado. En dos palabras: estamos jodidos.

En la Constitución Polí­tica de la República encontramos un asidero que nos puede proporcionar una oportuna luz en este túnel de las desgracias económicas, institucionales, personales, polí­ticas y sociales. El artí­culo 182, nos recuerda que el Presidente de la República «representa la unidad nacional y que deberá velar por los intereses de toda la población de la República.» Sabemos que la crisis se extiende a toda la institucionalidad pública. Que las comisiones de postulación han resultado un fiasco, susceptibles de un enorme tráfico de influencias. Que a los partidos polí­ticos se asciende por compadrazgo y no por capacidad o tan siquiera liderazgo ganado a pulso de ser expresión de confianza de quienes dicen representar.

Es necesaria y urgente una reconversión del régimen de la legalidad de lo público prevaleciente. Esto solo será posible con un cambio a la Constitución Polí­tica. En ella también encontramos, en los artí­culos 277 y 280 que, para presentar iniciativa de reformas constitucionales, precisamente el Presidente de la República en Consejo de Ministros, así­ como el pueblo mediante petición dirigida al propio Congreso de la República por cinco mil ciudadanos empadronados, pueden hacerlo. Y el 280 nos señala todo el amplio espectro reformable por el Organismo Legislativo. La Asamblea Constituyente no cabe, pues en materia de garantí­as individuales, la crisis no es como en la institucional.

Si no es el Presidente de la República, quien por ejemplo, en unión de otros lí­deres reconocidos nacional e internacionalmente los que abanderan la propuesta de cambio, ésta simplemente corre el riesgo de desnaturalizarse y prostituirse como ocurriera hace 15 años con, por ejemplo con los cambios aplicados a la banca central. Si se deja en manos del pueblo, como reza el artí­culo antes citado, el desborde de las peticiones hará prácticamente inviable cualquier intento razonable de reforma.

A mi juicio este es el momento histórico para que el presidente Colom impulse la serie de cambios que el paí­s, la sociedad y el Estado requieren. Este es el momento para «darle vuelta al calcetí­n», pues a la vista salta que con las reglas tal cual están, poco o nada camina. Quizás sea el momento de buscar el respaldo en la Academia y el apoyo que puede proporcionar el liderazgo de una espiritualidad, en tanto ambas se encuentren comprometidas con las mayorí­as desposeí­das de nuestro paí­s, para impulsar los cambios que urgentemente se requieren.