Da verdadera cólera ver que no sólo damos mal en el tema del desarrollo humano sino que nos vamos quedando rezagados porque otros países han entendido que no pueden continuar con tanta injusticia y nosotros nos resistimos a adoptar medidas contundentes para mejorar el nivel de vida de la población. Y peor aún cuando vemos que el gobierno, que supuestamente tiene la visión de impulsar políticas a favor de la gente más necesitada, empaña toda su gestión con empecinamientos como el de apoyar a gente con tacha para integrar la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, en un esfuerzo por apuntalar la impunidad que le ha merecido repudio no sólo de la sociedad guatemalteca, sino de la comunidad internacional.
Porque hoy día en Guatemala los ciudadanos tenemos que entender que lo primero es lo primero. Mientras no tengamos un régimen de legalidad que descanse en autoridades competentes para administrar justicia conforme al Estado de Derecho para todos los habitantes del país, todo lo demás sale sobrando porque propicia cabalmente la inequidad y alienta a que el más poderoso siga sacando provecho de su fuerza en desmedro de los que menos tienen.
El régimen de impunidad beneficia a todos los poderes fácticos, a todos los que acumulan poder ilícito en perjuicio de la población y el gobierno se ha convertido en promotor de la impunidad al impulsar una oscura negociación para conformar el poder judicial. Oscura no sólo por la injerencia manifiesta de la cuñada del Presidente y lo que representa, sino porque es un pacto con otras fuerzas políticas en las que al final se negociaron posiciones ventajosas para las partes y desventajosas para la población.
Somos un Estado débil y carente de institucionalidad y eso se refleja en la falta de desarrollo humano porque los recursos se dilapidan en la corrupción que se nutre de la impunidad. Entre el robo de los recursos y la evasión, es abrumadora la cantidad de dinero que no podemos usar para impulsar ese desarrollo humano equitativo que ofrezca oportunidades a todos los habitantes del país. La construcción del Estado de Derecho que termine con la impunidad, y por lo tanto con la corrupción y la evasión, es requisito para la inversión social que nos hace falta para evitar el rezago que ahora sufrimos.
No son luchas distintas la de quienes clamamos por un sistema de justicia idóneo, honesto y transparente y quienes clamamos por la justicia social elemental que ofrezca a los más pobres la oportunidad de una vida digna. En cambio, son luchas comunes la de quienes promueven impunidad, corrupción y evasión que se manifiesta terriblemente en la desnutrición crónica.