Según datos dados a conocer hoy por el Grupo de Apoyo Mutuo, en los primeros seis meses del año murieron asesinados 62 pilotos y 31 ayudantes del transporte de pasajeros, cifra que sigue siendo elevada y que refleja la falta de control de las autoridades sobre el tema en particular. La mayoría de esos casos son resultado de extorsiones contra los transportistas y por lo mismo se espera que al entrar en operación plenamente el nuevo servicio, se deberá reducir la incidencia porque ya no se manejará dinero en efectivo.
La modernización del sistema de transporte tiene que apuntar no sólo a mejorar la calidad del servicio sino a incrementar su seguridad, y la utilización de sistema prepago deberá tener efecto en la reducción de las extorsiones porque supuestamente los pilotos dejarán de «hacerse su sueldo» y en esas condiciones dejarían de ser sujeto de extorsión. Por supuesto que en esas condiciones también deberá cambiar radicalmente la relación entre pilotos y empresarios, puesto que éstos tendrán que llevar un registro de su personal y por lo tanto a la hora de un accidente no deberá repetirse aquello de que el causante se fue huyendo del lugar del percance y para los afectados será relativamente sencillo reclamar las responsabilidades penales y civiles que puedan derivarse de la imprudencia. Por ello sostenemos que los empresarios tienen que darle especial atención al esfuerzo por capacitar adecuadamente a los pilotos que han de operar sus unidades, tema en el que llevamos años de rezago porque lamentablemente ni las empresas ni las autoridades se han preocupado por la cuestión, no obstante la importancia que tiene desde el punto de vista del usuario y su seguridad. Hoy en día vemos a pilotos de buses que son personas sin ninguna preparación, ni siquiera para conducir, no digamos para tratar a sus pasajeros, y mientras ese aspecto no cambie, de nada va a servir la modificación del sistema porque lo primero que hemos de ver es la acelerada destrucción y daño de las nuevas unidades que se han comprado con dinero del pueblo. Y eso nos lleva al otro punto, puesto que dado que el Estado les ha facilitado el negocio a los transportistas, con dinero de los contribuyentes, a partir de ahora tiene que haber una auditoría estricta de las empresas porque de conformidad con la Constitución la Contraloría de Cuentas deberá auditar la forma en que se manejan los recursos del erario destinados a ese servicio. El hecho de que el gobierno actual haya dispuesto pagar así una factura de inversión electoral hecha y por hacer de los transportistas, nos da a los ciudadanos el derecho de exigir calidad y eficiencia en el servicio.