El actual partido oficial se encuentra en una crisis como resultado del dilema ético que plantea la actitud de varios de sus diputados al aprobar la indemnización para quienes terminan su período como legisladores. Mientras el Comité Ejecutivo hace eco del clamor popular y consigna al tribunal de honor a los dos jefes de bancada responsables del comportamiento del conjunto en el pleno, los diputados distritales que apoyaron la medida amenazan con convocar a una Asamblea General partidaria en la que se propondrían ya no sólo defender a Méndez y Martínez, sino que además podrían repetir lo que ocurrió en el 2001 cuando le dieron carpetazo al comité ejecutivo del Partido de Avanzada Nacional y abandonaron el liderazgo de ílvaro Arzú.
En realidad los diputados que aprobaron la indemnización no sienten tener ese dilema ético y es que ellos decidieron asumir las consecuencias de una aprobación que sabían iba a ser impopular y rechazada por la población. Pese a estar absolutamente seguros de que vendría una retopada, dieron su voto a favor de la indemnización y a otras prebendas pasando por alto cualquier consideración de tipo ético o moral. En consecuencia, no se puede esperar de ellos que a estas alturas entiendan la actitud del Comité Ejecutivo que trata de desvincularse de esa acción repudiable.
Evidentemente hubiera sido más fácil superar el problema si los diputados que avalaron la indemnización simplemente reconocen haber cometido un error y admiten una reprimenda pública de su Comité Ejecutivo, pero por el contrario han decidido dar la batalla y están dispuestos a propuestas extremas, como la que busca que en Asamblea General los dirigentes distritales, que generalmente son los diputados de cada departamento, no sólo rechacen las sanciones que pueda imponer el partido, sino que llegado el caso puedan adueñarse del partido y mandar a su casa a quienes hasta hoy figuran como dirigentes. Y siendo que se trata de viejos militantes del original PAN, no puede olvidarse el precedente de cuando el ingeniero López Rodas encabezó una sublevación que rompió con la dirigencia histórica del partido, situación que ahora podría repetirse con figuras como la del diputado Barquín.
Deberán entender, sin embargo, que el PAN no levantó cabeza ni siquiera porque el argumento para aquella rebelión no era éticamente cuestionable sino que tenía fundamento en cuestiones de política interna. Un cisma ahora en la Gana que tenga como raíz el tema de la indemnización sería la sepultura de la organización si los triunfadores son los que avalaron esa repudiada decisión, pero evidentemente en nuestra política son pocos los que llegan a vivir y sufrir dilemas éticos. Para la mayoría ese tema es irrelevante.