Q-Nada mejor para mí que iniciar la semana agradeciendo a los lectores que me han escrito, para indicarme que debo estar satisfecho porque, finalmente, el Congreso aprobó la llamada «Ley de registro de terminales telefónicas móviles robadas o hurtadas», en vista de que he venido denunciando constantemente la inmoralidad de las empresas transnacionales que han permitido la reactivación de celulares de dudosa procedencia.
Aprecio la decisión del Organismo Legislativo, especialmente el interés del diputado Manuel Baldizón; pero no será hasta que lea el texto de la normativa promulgada, para extender mi opinión al respecto, porque no estoy plenamente convencido de que con la vigencia de esa ley se ataque de raíz la violencia, a menudo mortal, que se ejecuta contra inermes usuarios de la telefonía móvil, con el fin de despojarlos de sus aparatos.
Q-Para castigar a los usuarios de la televisión por cable, las empresas que operan mediante este sistema sí son efectivas, solidarias y fraternas entre sí; pero en lo que respecta a prestar pésimo servicio, se sacan las uñas, se muestran la lengua y se burlan de los televidentes.
El pasado jueves las llamadas «empresas cableoperadoras» Cablevisión Guatemala, Cablesur, Cingular, Cybercable de C.A., Galaxy-Cable, Intercable, Intercentro y Telecom anunciaron impúdicamente que a partir del 1 de abril próximo «ajustarán» sus tarifas a los usuarios.
Aducen las depauperadas empresas que ese incremento obedece a que sus proveedores internacionales les han aumentado los costes, además del alza de energía eléctrica, combustibles y materiales. Sólo falta que arguyan que otra causa es que ha subido de precio el vaso del atol de elote y la salsa de las tostadas.
Mientras tanto, la señora que dirige la Dirección de Defensa del Consumidor debe estar tranquila escuchando los apaciguadores y optimistas mensajes del abaratado presidente Berger.
D-Mientras que varios de los aspirantes a suceder a don í“scar en la Silla Grande desde hace tiempo están haciendo ilegal y notoria campaña electoral, bajo las narices, las orejas y las ojeras de los impertérritos y balbucientes miembros del Tribunal Supremo Electoral, en flagrante violación a la ley de la materia, esos mismos magistrados ratificaron la denuncia contra la diputada Nineth Montenegro, acusada de haber inscrito en su partido a un difunto que tuvo la ocurrencia de morir en septiembre de 2002.
Para no ser menos realistas y chapuceros, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia designaron a la jueza pesquisidora en el proceso de antejuicio contra la aliada de doña Rigo, tomándose muy a pecho lo que dice la misma ley que es apuñalada por la propaganda anticipada, como si la legisladora Montenegro hubiese escrito con su puño y letra la referida inscripción del finado. Por supuesto que argí¼irán que la acusación es contra la parlamentaria por ser la secretaria general del Ecé.
Q-Para cerrar con enjundia este espacio y por si ustedes ignoraron una carta que Prensa Libre publicó del señor José Rodríguez la semana pasada, le paso el chisme que tan estimable ciudadano se tomó el tiempo y la molestia de opinar en lo concerniente a la nueva emisión de billetes de Q200, Q500 y Q1 mil.
Don Chepito le alumbra el seso a los técnicos del Banco de Guatemala, al aconsejar que también se emitan «billetes de Q800», por ser esta cantidad «el equivalente a aproximadamente US $100». Metiche que soy, pregunto ¿Y por qué no billetes de Q7.72, según la tasa de cambio de un día reciente? ¿O billetes de Q7.68, de otra fecha? Digo, pues.