Una serie de anomalí­as han surgido dentro del proceso contra 17 ex militares implicados en el asesinato de más de 250 miembros de la comunidad de Las Dos Erres, Petén, el cual fue reactivado por la CSJ. La Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), querellantes adhesivos dentro del proceso, señalan que ha existido cierta resistencia de las entidades encargadas de la aplicación de justicia para procesar con celeridad a los implicados.

Hasta ahora sólo dos de los 17 militares señalados de perpetrar la masacre han sido aprehendidos, no obstante, 27 años después del crimen, y tres dí­as después de su aprehensión, sólo uno de ellos ha sido ligado a proceso.

Manuel Pop Sun y Reyes Collin Gualip son los únicos dos de diecisiete aprehendidos luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenara la reactivación del proceso en cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ANOMALíAS

Edgar Pérez, abogado representante de Famdegua dentro del proceso por la masacre de Las Dos Erres, comentó que han observado ciertas anomalí­as en el proceso tanto de parte del Sistema Penitenciario como del Ministerio Público y de la propia judicatura contralora.

«Creemos, pero también esperamos que hasta ahora sólo haya sido una falta de coordinación entre las autoridades encargadas del traslado del segundo sindicado, porque no se le ha tomado su primera declaración y con esto el sistema deja ver que hay una situación de incertidumbre en el acceso a la justicia por parte de las ví­ctimas», declaró.

Aunque el abogado querellante reconoce que el retraso en la indagatoria ha sido generado por las exhibiciones personales que la defensa del sindicado planteó, considera que el sistema no puede «procurar esas garantí­as en desmedro del debido proceso», expresó.

Pérez señaló finalmente que han observado tanto en el MP como en las entidades judiciales cierto desdén en la procuración de justicia, ya que a su criterio, no se han diligenciado algunas actividades de forma inmediata a efecto que las personas sindicadas no se dieran a la fuga, pues quince de los sindicados están prófugos de la justicia», denunció, y añadió que hubo negligencia o mala intención en la atención de otras diligencias.

INTERESES

Benito Morales, abogado experto en procesos penales por derechos humanos, considera que no es sólo el sistema de justicia el que procura el retraso en este tipo de diligencias. A su parecer, el caso también incide en ello y «fundamentalmente» los intereses que se puedan discutir, enfatiza.

«La resolución de la CSJ (que reactivó el proceso) no era algo que se esperaran ellos (implicados) y siendo quienes han interrumpido el proceso por diez años, no es raro que este tipo de retraso obedezca a que no quieren que se esclarezcan este tipo de hechos», señala Morales.

A decir de Morales, el proceso por la masacre de Las Dos Erres «está plagado de intereses militares, los cuales buscan ante todo quedar impunes», señala.

Morales explica que existe, en este caso particular, toda una implicación de militares de alto rango y que en la medida que se haga más ágil el proceso «los va tocarlos a ellos: no olvidemos que este caso tiene la caracterí­stica que fue ejecutado por una fuerza élite donde hubo participación de Fuerza Aérea, e infanterí­a del Ejército y eso irá tocando gente con mayor poder en la época», considera.