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Diferentes instituciones afirman que este año terminará con cifras preocupantes, pues los hechos en mención se agudizan antes que termine 2009, lo que hace pensar que la situación se agravó en comparación con el año pasado.

Según analistas en seguridad, la falta de un verdadero plan de seguridad a implementar, el poco esclarecimiento en las investigaciones y la falta de una polí­tica de investigación criminal y de inteligencia civil, así­ como la impunidad y los constantes cambios en la cartera de seguridad, son factores que no han permitido que la situación se regule.

A decir de dichos grupos, aunque se tomaron medidas de emergencia, que en su momento lograron contrarrestar los problemas, como la restricción de dos personas en motocicleta en ciertos municipios de Guatemala, la aprobación de la Ley de Armas y Municiones, entre otros, éstos fueron efí­meros, porque no se erradicó completamente la problemática.

Los profesionales de esta área ven con preocupación que los próximos dos años que le quedan al actual Gobierno, la situación empeore, ya que los altos í­ndices de inseguridad y violencia podrí­an ser mayores si no se trabaja adecuadamente.

Delitos contra la vida

Un informe presentado recientemente por la Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH), da cuenta que de enero a octubre de 2009 perdieron la vida 5 mil 482 personas, mientras que el año pasado en la misma fecha murieron 4 mil 756.

El informe destaca que el año pasado se reportaban 17 muertes diarias y en 2009 la cifra ascendió a 20, es decir, el rango aumentó el 6 por ciento, lo que indica que este año es más violento que el anterior.

Los departamentos con mayor número de asesinatos son Guatemala con 2 mil 530; Escuintla con 426 y Petén con 348.

Pilotos y ayudantes

Por su parte, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), afirma que los pilotos y ayudantes, las mujeres, la niñez y juventud, así­ como los policí­as, son las ví­ctimas que sobresalen en esta espiral de violencia.

Actualmente se tiene el registro de 198 trabajadores del transporte urbano y extraurbano asesinados, entre ellos 147 pilotos y 51 ayudantes, aunado a la cauda de viudas, pilotos discapacitados y niños en orfandad.

Las fuerzas de seguridad han argumentado en estos casos, que todo esto se deriva por las extorsiones de parte de pandilleros, que arremeten contra este gremio que hace caso omiso a sus exigencias; también se vincula a los conductores y ayudantes con este delito, así­ como a reclusos de las diferentes cárceles del paí­s.

Mujeres

Por otro lado, persisten los asesinatos contra mujeres, pues según la PDH, la cifra de personas muertas podrí­a llegar a más de 600.

En varios de los casos, las ví­ctimas son ultrajadas antes de morir, torturadas, mutiladas y su cadáver expuesto en la ví­a pública.

Según una fuente de la Fiscalí­a de Delitos contra la Vida del Ministerio Público (MP), algunas de estas muertes responden a riñas entre pandillas, problemas pasionales, ajustes de cuentas, entre otros.

Sin embargo, diferentes organizaciones que velan por los derechos de las mujeres, indican que estas hipótesis deben ser mejor investigadas, pues las ví­ctimas no siempre están vinculadas con actos ilí­citos u otros, inclusive se conoce de personas que son asesinadas por la pareja violenta, miembros del crimen organizado y otros.

Niñez y Juventud

Felipe Garcí­a, del Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, ve con preocupación que la muerte de 500 personas menores de 18 años, concluya con un repunte.

A criterio del defensor de los derechos de la niñez y juventud, esta cifra sobrepasa al año anterior, sin que haya concluido el año.

El arma de fuego prevalece en dichos asesinatos y en algunos casos, se conoce de ejecuciones extrajudiciales.

Seguridad

Este año, se suma la muerte de agentes de la Policí­a Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP), los hechos se han perpetrado en diferentes ataques y en algunos casos las ví­ctimas se encuentran fuera de servicio.

Según se indica, este año murieron más de 25 miembros de la institución policí­aca, así­ como 13 trabajadores del SP, entre éstos incluye personal de alto, mediano y bajo rango.

En su momento, representantes del Ministerio de Gobernación (Mingob), afirmaron que la serie de asesinatos fue una respuesta del crimen organizado por las acciones de seguridad implementadas. Los hechos se dieron principalmente con el traslado de reos de alta peligrosidad de las diferentes cárceles hacia Fraijanes II.

Secuestros

Según el GAM, este año se suscitaron por lo menos 141 secuestros, cifra que repunta en comparación con el año pasado.

A criterio de la institución el número podrí­a ser mayor, pues no todos los casos son públicos o notificados.

Por su parte, el comando Antisecuestros de la Policí­a Nacional Civil (PNC) refiere el combate a las bandas de secuestradores, que inclusive ha cobrado la vida de sus elementos, entre ellos un agente la semana recién pasada.

Extorsiones

Este es uno de los problemas que cobró más notoriedad en últimos dí­as; las ví­ctimas son los transportistas, los pequeños comerciantes, los campesinos y agricultores, entre otros.

Los chantajes económicos provienen de las cárceles, de pandilleros y hasta de propios vecinos y familiares que buscan obtener un beneficio de esta espiral de violencia e inseguridad.

Según se conoce, los afectados han pagado fuertes cantidades de dinero para no ser asesinados, han abandonado sus viviendas y otros hasta han emigrado a otros departamentos o zonas.

Un informe de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) da cuenta que hasta el mes de noviembre se han conocido 1564 casos de extorsión y se han detenido a 253 personas, entre los capturados sobresale una cifra de 74 por extorsionar a domicilios, 51 a negocios y 128 al transporte urbano y extraurbano.

El personal de la institución manifiesta su preocupación por las largas investigaciones que se realizan y las inmediatas liberaciones, que «desechan» el trabajo realizado y que nuevamente pone en peligro a la población.

Linchamientos

Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), dice que los linchamientos no deben ser tolerados y deben ser calificados como un delito, pues por ningún motivo se debe permitir los asesinatos entre sí­.

Esto debido a la ola de linchamientos suscitados en lugares como Sololá, Huehuetenango, Mixco y el Bulevar Liberación en la zona 9.

La PNC, por su parte, indica que cuando se dan estos hechos, ellos actúan para evitar que la población mate a los sindicados, pues estos sucesos incurren en un delito e incrementan la espiral de violencia.

Panorama complicado

Según diferentes instituciones y analistas consultados, si se continúa en esta lí­nea de inseguridad, sin duda, la situación se complicará en los próximos dos años que le restan a este gobierno, que es tan parecido al del ex presidente Alfonso Portillo.

Según Mario Polanco, del GAM, entre las similitudes se encuentra el alto í­ndice de inseguridad, la falta de polí­ticas para contrarrestar el problema y la pasividad con que actúan las fuerzas de seguridad.

Por ello, se espera el pronto accionar de las autoridades en este tema que cobra cientos de vidas anualmente, deja viudas y niños en orfandad, que sufren en carne propia las secuelas del dolor.