Hoy se cumplieron dos años del establecimiento oficial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que opera bajo los auspicios de Naciones Unidas para ayudar a nuestro país en la lucha con un terrible flagelo que alienta la corrupción y el crimen por la falta de eficacia del Estado para aplicar la ley de manera correcta y certera, especialmente cuando se trata de grupos clandestinos que han llegado a tener control de instituciones fundamentales como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia.
Han sido dos años de intenso trabajo y los resultados apenas empiezan a materializarse, pero ya existe una estructura que permite ver avances significativos. Si uno analiza la inmensa magnitud de la tarea que emprendió el doctor Carlos Castresana en su empeño por querer contribuir seriamente a combatir la impunidad en nuestro país, tiene que concluir en que se ha hecho mucho para el tamaño del reto. En verdad era de suponer que nadie, por mucha que fuera su capacidad y muchas que fueran sus buenas intenciones, iba a tener logros concretos al enfrentar a poderes ocultos que se han enquistado hasta la raíz misma del poder público en el país, controlando todos los Organismos del Estado que han terminado puestos al servicio de esas variadas formas de organizaciones criminales que se nutren de la corrupción.
Sin embargo, casos paradigmáticos como el del Ministerio de la Defensa y la investigación de la muerte de Víctor Rivera y el manoseo de pruebas en el Ministerio Público, lo que llevó a formal acusación contra el Fiscal de Delitos contra la Vida de la época, demuestran que cuando hay voluntad y capacidad se pueden obtener resultados concretos. Poco a poco la gente fue viendo los resultados y la confianza en CICIG aumentó a tal grado que la crisis política desatada por el caso Rosenberg realmente quedó desmontada cuando esa Comisión Internacional se hizo cargo de las investigaciones, cuyo resultado espera la población.
Las dificultades no han sido pocas y la mayor es la que se encuentra para aprobar leyes que rompan con el modelo de impunidad en el país. Pero paralelamente se puede decir que el mayor logro ha estado en la prédica constante del doctor Castresana sobre el papel que el ciudadano tiene que jugar en la construcción de la legalidad en el país, desechando la idea de que será CICIG la que haga el trabajo y termine con la impunidad porque sin la participación del guatemalteco, jamás se va a alcanzar la meta. Poco a poco ha ido haciendo conciencia y tiene dos años más para involucrar a los más indiferentes.