La industria extractiva de minerales y combustibles fósiles continúa impactando severamente en los territorios y en la vida de las poblaciones indígenas, informó el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la celebración de su 24º Periodo de Sesiones.

El funcionario internacional redactó un informe temático sobre pueblos indígenas y la industria extractiva, el cual fue presentado recientemente durante el 24º Período de Sesiones del citado Consejo; el documento revela que las industrias extractivas han tenido consecuencias negativas, incluso devastadoras, para pueblos indígenas en el mundo.

Un artículo de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), señala que el informe también aborda cuestiones relacionadas con la intervención de empresas transnacionales, que con el apoyo del Estado controlan y se apropian de las ganancias, en tanto los pueblos indígenas reciben beneficios con un valor económico insignificante en comparación con las utilidades obtenidas por las empresas.

Según la RIDH, la novedad  del informe consiste en que el Relator Especial reconoce que en muchos casos los pueblos indígenas están dispuestos al diálogo sobre la extracción de los recursos naturales en sus territorios, siempre que los procedimientos reconozcan sus garantías individuales y colectivas.

En su informe, el Relator Anaya propone un modelo nuevo de negocios, al que llama “el modelo preferido”, en el que las propias poblaciones indígenas crearían  empresas extractivas o se beneficiarían de las utilidades, asociándose con las transnacionales o sus representaciones locales.

Las experiencias más exitosas se han registrado en Estados Unidos, sin embargo esas iniciativas requieren una capacidad técnica y de inversión que la mayoría de los pueblos indígenas en el resto del mundo no poseen, destaca el informe del Relator Especial.

Anaya insiste en que los pueblos indígenas tienen el derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o utilización de sus tierras o territorios; las poblaciones indígenas deben elegir crear sus propias empresas de extracción, para no considerarlas que están congelados en una fase de desarrollo.

La RIDH consideró que esa propuesta del Relator es marginal y sobre todo impactará en los pueblos de Asia y América Latina, pues la realidad de la sociedad globalizada indica que la extracción de minerales seguirá en manos de las grandes empresas extractivas transnacionales.