En los próximos días, las Fuerzas de Tarea contra Robo y Extorsión del Ministerio de Gobernación (Mingob) analizarán los teléfonos que se han incautado en las cárceles, para determinar si estos tienen reporte de robo o si están registrados de forma legal.
Estadísticas del Sistema Penitenciario (SP) indican que del año pasado a la fecha se han decomisado más de 6 mil 550 teléfonos móviles.
Las fuerzas de tarea unificarán los análisis de investigación, para conocer la procedencia del móvil utilizado en la cárcel para extorsionar o planificar hechos al margen de la ley.
Luis Paniagua, asesor de la Fuerza de Tarea contra Robos, explicó que la medida se implementará próximamente donde también se trabajará en conjunto con el Ministerio Público (MP).
“Vamos a iniciar a verificarlo con los casos que nos está enviando la Fuerza de Tarea contra Extorsiones, tengo entendido que esta semana se están enviando los teléfonos para que se verifiquen si algunos tienen reporte de robo porque ya sería otro delito que se incluiría a quienes se les localicen esos aparatos”, indicó Paniagua.
A decir del funcionario, son los fiscales quienes coordinarán las acciones para consultar la base de datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y en determinado tiempo se conocerá ese análisis.
Por aparte, Mario Bosos, asesor de la Fuerza de Tarea contra Extorsiones, explicó que esta iniciativa se realiza con el fin de conocer la procedencia legal o ilegal del móvil.
“En el caso de la extorsión viene un elemento transversal que no solo afecta la vida sino también el patrimonio, nos interesa a través de la Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI) determinar si tiene reporte de robo, para saber si efectivamente un teléfono sirve para extorsionar y si fue utilizado para un robo donde hubo un homicidio”, explicó el profesional.
Bosos indicó que con esta verificación se puede identificar con mayor facilidad cada estructura delictiva que podrá ser desarticulada.
“Con esa información podemos hacer la vinculación de esos grupos y determinar si esas estructuras se dedican a ambos delitos –robar y extorsionar-“, indicó.
DECOMISADOS
Los teléfonos que serán sometidos a análisis son los que se decomisaron en 2012 y en los primeros seis meses de este año, que según el Sistema Penitenciario son un total de 6 mil 556.
El año anterior se incautaron 4 mil 104 teléfonos de diferentes modelos y marcas, mientras que el último reporte del SP indicaba que a la fecha se han decomisado 2 mil 452.
Elenora Muralles, directora de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), opina que este análisis debió realizarse desde hace mucho tiempo, sobre todo para comparar y tener el registro de los teléfonos involucrados en diversos delitos.
“Nos parece que lo indicado sería tener el registro y compararlo con el de teléfonos robados, que no necesariamente va a coincidir, y Gobernación y el MP deben contar con esos listados para que cada vez que reciban una denuncia de extorsión verificar si la llamada salió de esos teléfonos que han decomisado”, refirió Muralles.
La entrevistada agregó que FADS recibió denuncias de víctimas de extorsión en las zonas 6 y 11, pero con la investigación se conoció que de los teléfonos donde llamaban los delincuentes aparecían legalmente adquiridos.