A criterio de organizaciones que velan por los derechos de la niñez y la juventud en Guatemala, criminalizar y perseguir penalmente a los padres de familia que envían a sus hijos a Estados Unidos de manera ilegal, no frenará la migración de menores hacia el país del norte

Si antes no se resuelven los problemas estructurales que orilla a las familias a tomar esta decisión.
 
Luego de una reunión sostenida con la vicepresidenta Roxana Baldetti, la fiscal general Thelma Aldana, dijo que se analizarán los artículos 153 y 154 del Código Penal, que contemplan el abandono de menores, con el fin de indagar en la responsabilidad de los padres de familia en la oleada de niños migrantes que se ha registrado en los últimos meses.

La jefa del Ministerio Público mencionó que el objetivo será evaluar cada caso para iniciar investigaciones a los padres o encargados de los menores que han retornado al país, sin descartar la imposición de penas de cárcel a quienes se le demuestre su responsabilidad en este tipo de situaciones.

Sin embargo, en opinión de Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, el problema radica, no en la decisión de los padres de familia de enviar a sus hijos en busca del “sueño americano”, sino en que los Gobiernos de turno no han podido resolver los problemas estructurales que aquejan a la población como la delincuencia, la pobreza, la falta de empleo o de vivienda digna, entre otros. 

“Con ese tipo de actitudes de los funcionarios no se va a resolver el problema de fondo que toca aspectos económicos, de exclusión social y de violencia. El Estado más bien debería generar espacios para el desarrollo de la juventud y la niñez y la persecución penal no debería orientarse a los padres para tratarlos como criminales o delincuentes”, argumentó Rodenas.

Por su parte, Leonel Dubón, de la Asociación El Refugio de la Niñez, explicó que en este tema existe una responsabilidad compartida tanto de los padres como del Estado y el Gobierno en sí, porque el sistema de protección a la niñez es sumamente frágil en el país y se ha negado del desarrollo de este grupo etario en las comunidades más pobres de Guatemala. 

“Las razones por las que se están yendo los niños son la extrema pobreza y la desesperanza, aparte de la reunificación familiar y la violencia. Por eso hay que resolver primero los problemas estructurales antes de criminalizar a los padres por querer alcanzar mejores oportunidades de vida cuando los Gobiernos de turno les han negado estas condiciones”, enfatizó el entrevistado.

Finalmente, Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, reprochó que las autoridades no inviertan más recursos en programas de protección y desarrollo de los menores de edad, incurriendo en una situación de negligencia que conlleva y facilita tomar la decisión de migrar hacia EE.UU.

“El Congreso debería garantizar mayores presupuestos que prioricen la inversión para el desarrollo de los programas sociales. Si no tomamos otro tipo de medidas aparte de la sanción, vamos a seguir exportando niños”, agregó la activista.