El país carece de una legislación específica sobre el uso y gestión del recurso hídrico, lo cual genera una desarticulación entre las instituciones estatales que deben encargarse de su buen manejo y gestión, lo cual hace necesaria la aprobación de una ley de aguas.
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De acuerdo con Ricardo Serrano, asesor de la Unidad de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Congreso de la República habría visto pasar, al menos, unos 26 anteproyectos de ley de aguas, empero, ninguna ha logrado avanzar.
«Necesitamos una ley de aguas para regular esos manejos; debe estar adecuada a la realidad actual», adujo Serrano.
En Guatemala existe disponibilidad de 95 mil millones de metros cúbicos de agua, la mayoría de ella (70%) es utilizada para actividades agrícolas cuyos productos se destinan a la exportación, entre ellos caña de azúcar, café y banano.
El funcionario indicó que existen unas 23 instituciones que tienen que ver con el manejo y gestión del agua, empero por el vacío legal el país no puede generar «todas las interacciones y las vinculaciones del caso».
«Existe un Gabinete del Agua, instancia que viene a suplir ese vacío legal, pero esa normativa es necesaria, para que las instituciones cumplan con las competencias establecidas en leyes propias», apuntó.