La mayor exportación de Guatemala hacia sus vecinos es el agua, la cual es poco aprovechada ya que no existen planes conjuntos entre las diferentes comunidades para la utilización conjunta del recurso hídrico, aseguró Luis Leal, en un artículo publicado en la más reciente edición de la Revista del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC).

Cuando el agua ha querido ser aprovechada por empresas tanto nacionales como internacionales, el Estado no les ha podido explicar claramente a las comunidades cuáles serían los aportes, los beneficios directos que obtendrán, así como el respeto hacia los recursos renovables del sector, señala la publicación.

Los recursos del Estado han estado disponibles para proteger las inversiones de la agricultura empresarial, usualmente en la parte baja de las cuencas donde se observan grandes extensiones de mono cultivos, carreteras, puentes y obras de contención del cauce de los ríos, pero cuando la intensidad de la lluvia afecta la parte alta y media de la cuenca, muchas quedan deterioradas, destacó Leal.

Al invertir reiteradamente en el arreglo de las carreteras, de los puentes y demás infraestructura, el Estado ataca las consecuencias pero no la causa de esos desastres, enfatizó el experto.

Según el análisis, no hay una política de intervención de cuencas, tampoco interés de adoptar una, mientras el empresariado continúa recibiendo los aportes estatales que les resuelven parcial y recurrentemente sus problemas.

Es urgente que los municipios encabecen esfuerzos serios y dinámicos para que el principal instrumento de planificación sea el Plan de Manejo de Cuenca, un instrumento que permite orientar acciones para favorecer el desarrollo integral de las cuencas y de su población, con base en la gestión institucional para recuperar y mejorar los recursos naturales y la conservación del ambiente, destacó Leal.

La falta de planificación rural y las tendencias del Estado de favorecer a segmentos de población que no tienen necesidades, ha dado lugar a que los gobiernos establezcan estrategias de desarrollo rural sin un marco jurídico de mediano y de largo plazo, añadió el profesional.

Los resultados de esas decisiones es la falta de cumplimiento de los Objetivos del de Desarrollo del Milenio (ODM), pues cada día se incrementan los índices de pobreza y pobreza extrema, concluyó Leal.