Grupos sociales y de Derechos Humanos del estado de Nevada, EE. UU. y de Guatemala, resaltaron que el problema de la minería amenaza con romper el tejido social en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, por los proyectos extractivos que hay en esa región.

Álvaro Sandoval Palencia, representante de La Puya, manifestó «No estamos en contra del progreso. Simplemente estamos cuestionando el precio que tenemos que pagar por este desarrollo. Estamos luchando por nuestros derechos, los cuales no son respetados ni por las empresas multinacionales ni por el Gobierno de Guatemala».

Al respecto, Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina, dijo que el gobierno insiste en aparentar procesos de diálogo con comunidades que se encuentran en resistencia pacífica, pero que permanecen alerta porque tal situación presenta similitudes con las acciones anteriores del gobierno, que implementa Estados de Sitio al ver que no existe solución con las mesas de diálogo.

Un grupo de pobladores de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc han bloqueado la carretera principal que comunica a estas comunidades  y que conduce a la mina El Tambor, que es propiedad de una filial de la compañía con sede en Nevada, Kappes, Cassiday y Asociados.